Jefe de Estado y primer ministro a la vez, el sultán de Brunéi, Hassanal Bolkiah, no pudo evitar convertirse en objeto de una gran ola de indignación internacional. El país que gobierna ha finalizado hoy la implementación de un nuevo Código Penal Islámico que introduce penas crueles, como la muerte por lapidación por mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, o la amputación por robo.

Sorprende que Brunéi Darussalam ha firmado, pero aún no ha ratificado, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y en el examen sobre la situación de los derechos humanos al que fue sometido en la ONU en 2014 rechazó todas las recomendaciones a este respecto.

En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, el castigo corporal en todas sus formas, como la lapidación, la amputación o la flagelación, constituye tortura o tras penas crueles, inhumanas o degradantes, prohibidas en todas las circunstancias.

Aunque Brunéi mantiene la pena de muerte en la legislación, es abolicionista en la práctica. En 2017 se impuso una nueva condena a muerte, por un delito relacionado con drogas.

El Código Penal Islámico de Brunéi no sustituye al derecho civil, pero se espera que se utilice en conjunción con éste; según la información disponible, cada caso requiere una decisión inicial para determinar si debe ser enjuiciado en virtud de la ley civil o de la ley islámica.

Stephen Cockburn, director adjunto de Asuntos Globales de Amnistía Internacional, ha declarado al respecto que a la ONG le preocupa «enormemente que estas atroces penas se hayan convertido hoy en ley en Brunéi”.

“Este nuevo código penal permite penas, como la amputación o la muerte por lapidación, que son indescriptiblemente crueles y no tienen cabida en ningún lugar del mundo.”

“Nos alarma el hecho de que el código criminaliza conductas que no deberían ser consideradas delito en absoluto. La comunidad internacional debe seguir condenando la decisión de Brunéi de poner en práctica estas crueles penas.”

“Las autoridades de Brunéi deben abstenerse de implementar estas leyes, y deben tomar las medidas necesarias para derogar esta legislación inaceptable y conformarla con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos.”