Este verano vence el plazo dado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para alcanzar un acuerdo internacional para implantar globalmente la tasa Google, después de que las negociaciones se interrumpieran a mediados del año pasado ante la retirada de los negociadores estadounidenses, que criticaron que este impuesto era injusto para sus empresas.
Tras casi 4 años de negociaciones, el pasado 16 de enero entraban en vigor los impuestos a determinados servicios digitales y a las transacciones financieras, conocidos como tasas ‘Google’ y ‘Tobin’, con la previsión del Gobierno de que aportasen a las arcas públicas unos 1.800 millones de euros.
Como aún no está claro que la negociación multinacional de un impuesto digital global en el contexto del marco inclusivo de la OCDE vaya a dar sus frutos a corto plazo, Bruselas ha tomado la decisión de acelerar el proceso de configuración de un impuesto europeo sobre las grandes gigantes digitales para disponer de una propuesta firme para junio de este año.
Según la hoja de ruta marcada, se empezaría a alimentar el presupuesto europeo con recursos fiscales propios a partir del año 2023, lo que implicará entre otras cosas que España perderá en dos años los ingresos de la ‘Tasa Google‘. Pero la tasa Google podría no ser la única figura cuya recaudación ya prevista en los presupuestos de 2021 se fuera a Bruselas.
Se prevé la aplicación de una suerte de tasa al carbono en frontera, la creación de impuestos a la aviación y el transporte marítimo por su impacto contaminante, la “tasa Tobin” e impuestos sobre envases de plástico no reciclados. La longitud de la lista de impuestos que finalmente los gobiernos determinen como necesarios para sostener el excepcional presupuesto del periodo 2021-2027 determinará el coste fiscal para las arcas españolas.
Algo más de 2.300 millones en dos años
En el peor de los casos, el Estado español podría perder la recaudación del impuesto sobre determinados servicios digitales, el impuesto sobre transacciones financieras y el inminente impuesto sobre los envases de plástico, que según las estimaciones del Ejecutivo aportarían algo más de 2.300 millones de euros anuales entre 2021 y 2022.
La profesora de Derecho Financiero y Tributario y asesora en asuntos fiscales del Parlamento y la Comisión Europea, Patricia Lampreave, ha señalado que: “La verdad es que tiene poco sentido haber adelantado la implantación del impuesto sobre determinados servicios digitales en España”, ya que la puesta en marcha unilateral de un impuesto nuevo supone un esfuerzo ingente, sobre todo cuando te vas a quedar sin él en los próximos dos años.
“Todos sabemos que con Europa nunca se sabe. El plan inicial es aprobar el impuesto europeo este año y que Bruselas empiece a recaudarlo en 2023, pero no sería la primera vez que eso se retrasa”. En tanto no se sustancie esa hoja de ruta España continuará cobrando el impuesto, han explicado fuentes del ámbito fiscal.
Para que la Comisión Europea logre asentar este marco, este debe ser ratificado por todos los parlamentos nacionales, algo que no parece un camino de rosas en algunos casos, como el de los denominados países frugales, que ya plantearon en su día la batalla respecto a la realización de transferencias directas a los países más afectados por la pandemia, como es el caso de España.
Sin embargo, La Comisión Europea confía en aprobar el texto legal el próximo mes de mayo y lograr el apoyo generalizado de los 27 al texto. Eso significaría que los fondos europeos empezarían a llegar a España el próximo verano.
En la parte mala tenemos que el futuro plan de consolidación fiscal que el Ejecutivo tendrá que llevar más pronto que tarde a Bruselas no podrá contar con los ingresos, al menos, del impuesto sobre determinados servicios digitales.
