Enric Llopis

Una página Web patrocinada por el Ministerio de Turismo recomienda la visita al muelle turístico de Buenaventura -ciudad de 407.000 habitantes del Pacífico colombiano, en el departamento del Valle del Cauca- con destino a las playas de Bocana y Piangüita, o a las islas de Gorgona y Malpelo. El turista puede avistar, entre julio y noviembre, ballenas yubarta y acercarse a la reserva forestal de los ríos Escalerte y San Cipriano. “Aunque todavía operan las pandillas de la droga, la tasa de asesinatos se sitúa por debajo del promedio nacional y la ciudad está cambiando para atraer turistas”, según un reportaje de The New York Times del 13 de julio. Al turismo se agregan las nuevas infraestructuras. Por ejemplo el proyecto de conexión Pacífico-Orinoquía, una carretera de 1.490 kilómetros que conectará Buenaventura con Puerto Carreño (Oriente del país), penetrará en 350 municipios y requiere para su ejecución unas inversiones de 8.000 millones de dólares.
En el Puerto de Buenaventura también está prevista la construcción de la Planta Regasificadora del Pacífico, pendiente de licitación, a la que se asocia el gasoducto Buenaventura-Yumbo y el proyecto Puerto Solo, un complejo de 150 hectáreas en la bahía bonaverense, con cuatro terminales que podrán recibir y almacenar gas natural, crudo y gas licuado del petróleo (propano y butano). En marzo de 2017 se inauguró el Puerto Industrial Aguadulce, con una inversión superior a los 600 millones de dólares y la participación de las multinacionales ICTSI de Filipinas y PSA International de Singapur. Además, en 2017 el Puerto de Buenaventura se situó en la posición número 19, dentro del listado de 20 principales por movimientos de carga en contenedores en América Latina y el Caribe, elaborado por la CEPAL; en la ratio aparece como el segundo de Colombia, tras el de Cartagena (el Ministerio de Trabajo informó que, entre 2012 y 2016, impuso multas de 14.000 millones de pesos -4,7 millones de dólares- por incumplimiento de la normativa laboral al sector portuario de Buenaventura).

Pero las inversiones, el crecimiento y la competitividad tienen un reverso. Los afrodescendientes -4,3 millones según el Censo General de 2005- representan el 10,6% de la población colombiana. En Buenaventura alcanzan el 83,6%, por lo que se trata de uno de los municipios con mayor peso de la población “afro” del país. Mientras el puerto incrementó en 2017 las toneladas movilizadas (un 41% más que el año anterior) y alcanzó los 16 millones, la realidad era otra en la calle. En 2016 el 41,5% de los hogares de Buenaventura se consideraba pobre (frente al 17,5% de Bogotá) y el 26% no tenía acceso a alcantarillado, según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida; el promedio de gasto por familia en Colombia es de 1,9 millones de pesos mensuales (630,4 dólares), según la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares 2016-2017, pero en Buenaventura es de 1,4 millones de pesos (491,4 dólares).

El “Perfil productivo” publicado en 2013 por el Ministerio de Trabajo y la ONU señala que la pobreza “multidimensional” afectaba al 66,5% de los hogares de Buenaventura; el hacinamiento crítico en las viviendas, al 25,3%; el 49% carecía de aseguramiento en salud; el 24%, de acceso a fuente de agua mejorada; el 94,3% de las familias estaba sujeta al empleo informal y al 69% les afectaban los bajos logros educativos. Otra cuestión es la corrupción política y empresarial. Hace cuatro meses la Policía Nacional detuvo al alcalde, Jorge Eliécer Arboleda, y a varios funcionarios municipales, asesores y contratistas por presuntas irregularidades en los contratos para la reforma del hospital. Además la Fiscalía ordenó en junio la detención del exalcalde, Bartolo Valencia, por un supuesto ilícito en la adjudicación de las obras del centro recreacional Acuaparque; en 2015 el exmandatario ya fue capturado por la gestión irregular del programa de cupos escolares. Otro extitular de la alcaldía, José Félix Ocoró, resultó condenado en 2015 a 18 años de cárcel por corrupción asociada a la compra de unos terrenos.

Una de las respuestas populares consistió en el Paro Cívico de Buenaventura, iniciado en mayo de 2017 y sostenido durante 22 días. Frente al abandono estatal, el Comité del Paro Cívico para Vivir con Dignidad y Paz en el Territorio –integrado por más de un centenar de organizaciones populares, comunidades negras, indígenas, estudiantes, docentes y trabajadores informales, entre otros- reivindicaba la declaración de “zona en estado de emergencia” económica, social y ecológica. La resistencia pacífica, en la que participaron 200.000 personas, culminó con un acuerdo el seis de junio, por el que el Gobierno se comprometió a un “plan de desarrollo especial a 10 años”. La agenda de movilizaciones incluía una marcha contra el desempleo, un cacerolazo por la salud y la reapertura del hospital departamental, la quema de recibos de servicios públicos, una marcha por el territorio y la celebración del día de la afrocolombianidad. Organizaciones de derechos humanos hicieron un seguimiento del paro a través de una Comisión y la publicación de boletines. Desde el inicio, la madrugada del 16 de mayo, “existe una actitud sistemática por parte de la Fuerza Armada de grabar a la población con vídeos y fotografías tomadas a los rostros”, informaron.

El 19 de mayo tras la muerte accidental de un policía y la suspensión de las negociaciones con el Gobierno, el colectivo de defensores denunció el “tratamiento de guerra” contra la población civil, principalmente por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). En uno de los puntos de concentración, La Delfina, alertaron de situaciones de “pánico, zozobra y terror psicológico”. El Comité informó que, al final de la jornada, se habían producido 200 detenciones, 45 de ellas “judicializadas” y la muerte de un joven estudiante por impacto de bala.

En el sector de La Delfina se registraron 15 heridos por las bombas de gases lacrimógenos (en el sector del Piñal arrojadas a quemarropa) y disparos de la policía con armas de fuego (el 28 de mayo, con seis heridos graves). En los días siguientes, efectivos de la Fuerza Pública (también vestidos de civil) dispararon con arma de fuego contra las comunidades, se produjeron allanamientos de viviendas campesinas sin orden judicial, ataques e invasiones a resguardos indígenas y territorios “afro” y el lanzamiento de gases lacrimógenos (desde un helicóptero, en barrio Isla de la Paz) contra casas de madera, lo que provocó casos de asfixia severa.

A los 17 días del paro, la cifra de heridos se elevaba a 320, de los que 167 eran graves y una decena con arma de fuego. Según la Comisión de Derechos Humanos, el centro de salud del Barrio La Independencia se llenó de gases lacrimógenos lanzados por el ESMAD en los alrededores, lo que afectó a pacientes y trabajadores. En el contexto de la represión, Telesur recogió unas declaraciones de la defensora de Derechos Humanos, Deyanira Estupiñán: “Buenaventura es un territorio estratégico para la economía mundial y los pobladores estorbamos en estos territorios, que están siendo vaciados demográficamente para la expansión portuaria”.

Tras la firma de los acuerdos en junio, en los que el Gobierno se comprometía a una inversión de cerca de 500 millones de dólares, el Comité del Paro Cívico denunció seguimientos a líderes hasta sus viviendas por individuos no identificados, además de intimidaciones y amenazas a víctimas de la represión que tramitaban denuncias; la Comisión denunció ante la Fiscalía General el caso del joven Fabián Andrés Murillo, quien había participado activamente en el paro y el 20 de junio fue objeto de disparos y torturas policiales.

El pasado 27 de enero fue asesinado Temístocles Machado, miembro del Proceso de Comunidades Negras (PCN) y uno de los dirigentes del paro; la revista Semana resaltó su participación en las marchas convocadas en Buenaventura durante los últimos años, contra la violencia, la pobreza o la falta de agua, así como en las reuniones con el Gobierno por el Paro Cívico. El 10 de febrero las organizaciones de defensores continuaban alertando de persecuciones y hostigamientos, “sistemáticos”, por unidades de la policía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía; mencionaron el ejemplo de María Miyela Riascos, miembro del Comité del Paro Cívico y de Pastoral Social. El sacerdote John Reyna, integrante del Comité y director de la Pastoral Social de Buenaventura, fue amenazado de muerte, al igual que los líderes sociales Orlando Castillo y William Mina.

En el paro de mayo y junio participó de manera destacada el Proceso de Comunidades Negras (PCN) de Colombia. En 1992 se celebró en Tumaco (Nariño) la primera Asamblea Nacional de Comunidades Negras. Según su página Web, el PCN se organiza en tres equipos de trabajo –Medellín, Bogotá y Magdalena Medio- y cuatro Palenkes (comunidades de los esclavos negros huidos de las haciendas). Entre los principios del PCN destaca la reafirmación de la identidad cultural, la defensa de los territorios ancestrales y la reparación histórica por el “crimen de lesa humanidad” que implicó la esclavitud y sus secuelas (algunas fuentes apuntan que entre los siglos XV y XVI más de 12 millones de esclavos fueron desplazados de África a América). Mary Cruz Rentería Mina, coordinadora del Equipo de Género y Generación del Palenke Regional El Kongal (Buenaventura), participó en un Encuentro de Defensoras organizado en Valencia por la ONG Alianza por la Solidaridad. “En Colombia se asocia la mujer negra a persona incapaz, que baila bonito, sirvienta y símbolo sexual; sin embargo nosotras trabajamos, nos organizamos para la participación y cuidamos a las familias con la sabiduría que nos enseñaron nuestras abuelas”, afirma; “cada día más mujeres son víctimas de la violencia sexual en los hogares”.

En el periodo 2010-2015, durante el conflicto armado, 835.437 mujeres fueron víctimas de algún tipo de violencia sexual en Colombia, según la encuesta de la campaña “Violaciones y otras violencias. Saquen mi cuerpo de la guerra” (2017); Buenaventura se situaba, tras Medellín, como la ciudad con mayor prevalencia. El informe realizado por 14 ONG y asociaciones de mujeres concluye que las mujeres negras y las menores de 24 años son las que presentan mayor riesgo. Otro dato significativo es que el 78% de las víctimas no denunciaron las agresiones. “Hay prácticas que proceden del conflicto, subraya Mary Cruz Rentería; por ejemplo mujeres negras a las que empalan, cortan los senos y desaparecen, y peor aún si son lideresas”.

La activista del PCN recuerda casos de señalamientos, secuestros y desapariciones como el de la lideresa afrodescendiente en el Consejo Comunitario del Río Cajambre (Buenaventura), Ana Julia Rentería, y su marido en 2011; “se la llevaron un día en la vereda Guayabal y no sabemos nada de ella, se oponía a la minería ilegal”. O la detención -ordenada por la Fiscalía General de la Nación, el pasado 20 de abril- de Tulia Maris Valencia y su hija Sara Liliana Quiñonez, lideresas en el Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera (CCAMF) en el municipio de Tumaco, integrantes del PCN y desplazadas forzosas en Cali.

Se da la circunstancia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había otorgado, un mes antes, medidas cautelares de protección a la Junta de Gobierno del CCAMF, al estar considerada “objetivo militar” por grupos ilegales. “Es mentira que Colombia sea hoy un territorio de paz”, concluye Mary Cruz Rentería. El instituto Indepaz contabilizó 173 asesinatos de líderes sociales durante 2017 en Colombia, por 116 el año anterior. En el primer trimestre de 2018 fueron 56 los defensores y líderes asesinados. Entre otras, Yolanda Maturana, liquidada por unos encapuchados en su casa del municipio de Pueblo Rico (Risaralda); fue presidenta de la Asociación de Amigos de la Fauna y la Flora (AFOAS) y denunció la minería ilegal en el Chocó y la contaminación de las fuentes de agua.

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