Este fin de semana hemos visto multitudinarias manifestaciones, animadas por la Conferencia episcopal y la derecha católica española, contra el proyecto de reforma de la ley de educación; además, los colegios católicos, por toda España, están adornando sus verjas de lazos naranjas, utilizando a los menores de edad en estas operaciones de propaganda católica.

Todo se hace en nombre de la libertad de enseñanza y que junto a los vergonzosos Acuerdos con la Santa Sede de 1979 constituyen la barricada para seguir manteniendo un sistema educativo segregado socialmente que se justifica por razones confesionales. Nuestro país necesita no una reforma educativa sino una revolución y todos sabemos que una ley por si misma y máxime una ley timorata y moderada como la que ha presentado el Gobierno apenas va a transformar nada nuestro sistema educativo. Sin embargo, auguramos que, se quiera o no, las transformaciones del sistema educativo, en las próximas décadas, serán espectaculares y en ello no tendrá nada que ver ninguna ley, sino que será producto de los cambios sociales, tecnológicos y económicos que se avecinan y que ya vislumbramos. Sin embargo, lo que, si va a contribuir esta ley, más propia del siglo XX que del siglo XXI, es a profundizar la desigualdad social en España.

Desde hace más de 30 años las leyes “socialistas” de educación si bien han extendido los niveles de educación obligatoria no han servido para mejorar nuestra educación pública sino, al contario, al permitir la expansión de las escuelas segregadas a niveles inauditos. Las estadísticas de abandono y fracaso escolar junto a nuestro ranking más que mediocre en el muy neoliberal informe PISA ponen en evidencia la fragilidad del sistema educativo español.  De acuerdo la OCDE la segregación social del sistema educativo español en dos   sistemas, el denominado público y el concertado, es el segundo factor determinante en la reproducción de la desigualdad social después del de la renta. Piénsese, por ejemplo, que en la Comunidad de Madrid más del 50% de los escolares lo están en colegios privados concertados. De paso diremos que también han surgido, como setas, chiringuitos universitarios católicos donde se expiden títulos como churros en nombre del Rey sin que la Administración diga una sola palabra, excepto certificar estos desaguisados.

La aspiración de una escuela laica en Europa ha estado en el devenir de todas las sociedades europeas y en los países más avanzados no se cuestiona la necesidad de que una escuela pública -que no del Estado – y laica constituya el elemento principal para la emancipación de los menores de las constricciones confesionales, ideológicas o sociales del ámbito familiar. En países como Finlandia o Suiza, por poner dos ejemplos, la educación pública y laica representa el 98% de los escolares.

¿Cómo vamos a encarar una reforma educativa si aún en España mantenemos dentro del currículo escolar la religión confesional y el catecismo católico? ¿qué progresista puede ser una ley que, como esta, consolida un sistema segregado socialmente por razones confesionales y permite el adoctrinamiento religioso de los menores? Pero entonces la pregunta es ¿siendo esta una ley que no avanza nada y mantiene intacta la financiación de la escuela privada porqué iglesia católica ha movilizado a estas caceroladas impúdicamente pornográficas en contra de la igualdad? Sencillamente porque la iglesia católica quiere imponer sus limites incluso antes de producirse cualquier mínimo cambio que amenace sus intereses y amenazar al tiempo con la inconstitucionalidad para futuras cuestiones que puedan plantearse en el desarrollo de la ley.

Pero todo es teatro: ahora mismo ya se están presentado las leyes de presupuesto de las CCAA donde se fijan los módulos económicos de los conciertos y ya se están programando subidas de los mismos entre un 2 y un 5%, sino más y no solo en las CCAA de derechas sino también en las gobernadas por los nacionalistas o la izquierda. También la iglesia católica, en los países como España, donde el secularismo social ha avanzado muchísimo su perdida de influencia la compensa como su poder de corporación. Ya no es tanto la influencia lo que vale sino la pertenencia. Los católicos ya tienen sus escuelas, sus universidades, sus estudios posdoctorales, sus hospitales y sus residencias de ancianos incluso sus organizaciones no gubernamentales y sus obras de caridad.

Pero ¿qué pasa en nuestro país con un gobierno de coalición que se dice progresista que no se atreve a denunciar los acuerdos con la Santa Sede? ¿por qué tenemos que seguir subvencionado en mas de 11 000 millones de euros al año a esta institución católica? Aquí dejo esta pregunta. Parece ser que la Vicepresidenta Primera del Gobierno tiene la misión encomendada de que el edificio de los privilegios de catolicismo quede intacto e impoluto, pero por muchos favores que pueda estar haciendo, no se preocupe la vicepresidenta, ya que el catolicismo siempre envía al martirio a algunos de sus mejores servidores.

Antonio Gómez Movellán. Presidente de Europa Laica