La Voz del Sur informó que la pareja de unos 26 años, con un bebé de un año y sin empleo fue desahuciada el pasado miércoles «de la vivienda en la que residía desde hace más de año y medio en el barrio de Torreblanca y que había ocupado de forma, derivando el desalojo de las acciones judiciales promovidas por la entidad bancaria propietaria del inmueble».
En declaraciones a los medios, la pareja afectada, Anabel y Juan Manuel, han lamentado que finalmente hayan tenido que abandonar la vivienda después de haberlo «intentado todo» sin obtener «ninguna alternativa». «Se ha intentado todo y nos han ignorado en los juzgados, en el banco (Caixabank) y los trabajadores sociales, que sólo nos ofrecieron un albergue al que no podemos ir con un niño».
Contra el desalojo, como expuso Francisco Artacho en su cuenta de Twitter, los vecinos formaron una barrera humana, que terminó siendo desmontada por las fuerzas policiales desplegadas.
El rotativo añade que tanto la pareja como los vecinos han insistido en que «pagaban los suministros, intentaron negociar con el banco en todo momento sin éxito y habían pedido abonar también un alquiler social acorde a los ingresos que tenían».
Por su parte, la concejala de Adelante en el Ayuntamiento hispalense Sandra Heredia ha asegurado que esta es «la crueldad más absoluta de ver cómo sacan a una familia de su casa».
«El segundo en lo que llevamos de semana», recordaba haciendo alusión a un desahucio producido unos días antes en el que se vio afectada una mujer de 60 años con una discapacidad del 72% en el barrio de Su Eminencia.
Sobre el caso de la pareja el periodista Jonathan Martínez recordaba, denunciando el hecho, que «el rescate de Bankia, ahora fusionado con Caixabank, costó 24.069 millones de las arcas públicas».
Por último, el portavoz del colectivo Barrios Hartos en Sevilla, Juan García, ha añadido para La Voz del Sur que «se supone que hasta agosto no se puede producir ningún desalojo ni desahucio sobre todo en familias con menores y sin dar alternativas dignas, la ley es una hoja de parra porque los procedimientos están atascados y los servicios sociales no funcionan porque no tienen personal ni recursos». «La ley queda muy bien, pero en la práctica las familias se quedan en la calle y las casas vacías», sentenciaba.
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