PSOE y Unidas Podemos mantienen “discrepancias sustanciales” sobre la futura Ley de Vivienda, unos desacuerdos que se pueden resumir en cuatro cuestiones: la necesidad de obligar a los grandes tenedores a que dedique una parte de sus viviendas al alquiler social; la prohibición permanente de desahucios sin alternativa habitacional a familias vulnerables; el tercero, la puesta en marcha de medidas efectivas que movilicen la salida de vivienda vacía al mercado de alquiler y la regulación de precios del alquiler.
El mayor atasco ahora mismo se encuentra en la regulación de los precios de los alquileres. Según lo firmado hace cuatro meses, en las zonas tensionadas se habilitarían “mecanismos de contención, o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes”.
La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, se ha pronunciado en varias ocasiones sobre el tema y ha señalado que no es partidaria de adoptar un límite de precios a los alquileres y apuesta por aumentar la oferta de viviendas sociales o alquileres sociales.
Calviño apuesta por aumentar la oferta de viviendas sociales o alquileres sociales
Esta idea encaja con el protocolo sobre Alquiler Social de Viviendas firmado este miércoles por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Sareb, por el que se pondrá a disposición de las comunidades autónomas y entidades locales un total de 5.000 nuevas viviendas a corto plazo y que se ampliará hasta 10.000 a medio plazo.
En una entrevista en la Cadena Ser, Calviño ha dicho que “estamos concentrados en aumentar la oferta de alquileres. Las ciudades que están regulando el precio de la vivienda no están teniendo mucho éxito”.
Según un argumentario de octubre del Ministerio de Economía, al que ha tenido acceso infoLibre, ya se valoraba desfavorablemente establecer un mecanismo de control de precios análogo al aprobado en Cataluña en la Ley 11/2020. “Los efectos de la regulación de las rentas iniciales de alquiler podrían tener efectos considerablemente negativos en el mercado de la vivienda e incluso en su asequibilidad”, indicaba.
“Se considera necesario llevar a cabo políticas públicas alternativas a la regulación de precios del alquiler para mitigar la dificultad creciente de acceso a la vivienda de los hogares vulnerables, como pueden ser las destinadas a incrementar la oferta de vivienda en alquiler, mejorar el conocimiento del mercado del alquiler, el desarrollo de un parque público de viviendas a precios reducidos para su arrendamiento y el fomento de las iniciativas público-privadas para la construcción de viviendas en régimen de tenencia temporal a precios inferiores a los de mercado”, añadía.
Asimismo, el argumentario se oponía a prohibir todos los desahucios y también el régimen de Sociedades Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (socimis), ya que estas sociedades “aportan beneficios al mercado inmobiliario español” como la “diversificación”, la “mayor liquidez de las carteras inmobiliarias” o el “desarrollo de un mercado del alquiler profesional”.
Discrepancias en la coalición
Unidas Podemos ha acusado a sus socios del PSOE de “falta de voluntad política” para cumplir el acuerdo de Gobierno en materia de vivienda y de retrasar las conversaciones entre Lucas y Belarra por las elecciones catalanas. Además, critican que han enviado hace varias semanas una propuesta de mecanismo de control de precios al equipo de Ábalos sin obtener respuesta.
A todo esto se suma la “vía portuguesa”, una alternativa que plantea el Gobierno para no regular el alquiler como se acordó. Esta medida es algo así como una adhesión voluntaria a un programa para arrendar la propia vivienda por debajo del precio de mercado a cambio de beneficios fiscales para los propietarios.
Ábalos ha rechazado en las últimas semanas dos propuestas de Podemos: que la consideración de “grandes propietarios” o “grandes tenedores” se amplíe hasta alcanzar a los poseedores de cinco o más inmuebles y obligar a los fondos a que destinen un 30% de su cartera de pisos a viviendas sociales.
