La vicepresidenta Carmen Calvo ha defendido que una posible reforma de la Constitución española contemple un principio propositivo «rotundo» de igualdad entre hombres y mujeres ya que considera insuficiente el artículo 14 de la actual Carta Magna que prohíbe la discriminación.

Durante su intervención en el Pleno de la Diputación Permanente del Congreso para defender este miércoles el decreto ley de medidas urgentes que garanticen la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, Calvo ha apostado por una igualdad «real y efectiva» dentro de la Constitución como contemplan otras democracias europeas.

«La Constitución española solo alcanza a un artículo 14 que prohíbe la discriminación pero no un principio propositivo rotundo», ha dicho tras recordar que 6 de cada 10 parados son mujeres y España está casi 4 puntos de PIB por debajo en materia de empleo de las mujeres en relación con la UE.

Ha criticado que haya brecha salarial y brecha en las pensiones entre hombres y mujeres ya que mientras la pensión media de la mujer es de 781 euros, la del hombre supera los 1.200 euros, y ha pedido la convalidación de esta norma porque también da seguridad a la integridad física de las mujeres en su entorno laboral y contempla mejoras en la conciliación.

«Son razones urgentes, ¿para cuándo si no después de 40 años?», ha señalado al tiempo que ha defendido la equiparación de los permisos de paternidad a las 16 semanas en tres años, para que sean iguales, instransferibles y retribuidos al 100 %.

Calvo también ha abogado por la necesidad de que las empresas de más de 50 trabajadores tengan planes de igualdad obligatorios, que exista un registro y se dé publicidad a las tablas salariales, así como la recuperación de las cuotas de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales.

Sin embargo ha recibido las críticas de toda la oposición por considerar que en estos planes de igualdad y en el decreto ley faltan medidas, por lo que la mayoría de los partidos lo convalidará pero previsiblemente votará para que sea tramitado como proyecto de Ley.

El decreto ley lo apoyarán el PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís y EH Bildu, y aunque el PP no ha confirmado su voto en contra la diputada Beatriz Escudero ha dejado claro que la equiparación de los permisos de paternidad no es realista y que cada semana tiene un coste de 100 millones de euros.

La diputada de Unidos Podemos Noelia Vera ha echado en falta consejos de administración paritarios, oficinas de lucha contra la discriminación y un consejo interministerial que trate la desigualdad de géneros.

Desde Ciudadanos la diputada Patricia Reyes ha lamentado que el gobierno haga un «uso partidista de las instituciones», pero ha anunciado que votarán a favor porque están «para hacer política útil y constructiva» aunque ha lamentado que la norma se olvide de las familias monoparentales con hijos.

Jordi Salvador, de ERC también ha confiado en que el decreto ley pueda mejorarse mediante enmiendas, mientras que el diputado del PNV Mikel Legarda ha dudado de la urgencia de equiparar los permisos de paternidad cuando parte de la medida se refier al año que viene y al siguiente. Desde EH Bildu Marian Beitialarrangoitia ha acusado al Ejecutivo de renunciar a derogar la reforma laboral.

Desde el PDECAT Carles campuzano se ha quejado de que el decreto no haya sido negociado con los partidos políticos y ha avisado a la vicepresidenta que «habrá que ver qué mayorías se forman tras las elecciones» ya que «podrían derogar estos reales decretos».

También ha destacado que faltan medidas favorables a las microempresas ya que la ampliación del permiso de paternidad, por ejemplo, supone un coste a estas compañías.