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Pepe Larios, presidente de la Fundación EQUO

A pesar de que las últimas semanas hemos aplaudido las lluviosas consecuencias de las borrascas que han pasado por España, no deja de ser cierto que 2017 ha sido uno de los años más cálidos y que la incidencia de las constantes sequías se han dejado sentir en nuestros territorios. Hablar de sequía implica hablar de las precipitaciones, de cómo la disminución de la precipitación afecta el flujo de las corrientes, la humedad del suelo, los pantanos y los lagos, a la recarga de las aguas subterráneas, y de qué le pasa a la tierra cuando el agua disponible no puede satisfacer las demandas de agua de los cultivos y supone restricciones al consumo humano.

Pero hablar de sequía, supone hablar también de cambio climático. Debido a la subida de 1ºC de la temperatura media de la tierra la presencia de vapor de agua en la atmósfera se incrementa un 7% y las precipitaciones también aumentan entre el 1% y el 3%, lo que produce un “dopaje” del ciclo del agua. Al cambio en las precipitaciones, también se le une el cambio de patrones, lo que provoca que incluso en zonas en las que no disminuyen las precipitaciones se pueden dar periodos de falta de lluvias y episodios de lluvias torrenciales.

No solo los cultivos se ven afectados por la falta de humedad del suelo, también los ecosistemas acusan el estrés hídrico, que se acrecienta con la subida de la temperatura. Esto implica que la degradación de los ecosistemas de las cuencas hidrográficas debilitan la regularidad de los cursos de agua con lo que se retroalimentan los procesos áridos.

Y es necesario tener en cuenta que nuestro país es especialmente sensible a este problema. Hasta este momento podemos observar una subida de la temperatura un 50% superior a la media global experimentada. Por ejemplo, en Andalucía ya se observa un 20% de disminución de las precipitaciones a lo que debemos añadir las pérdidas por la evaporación y transpiración.

Además, la nefasta política agrícola de nuestro país multiplica los efectos negativos de la sequía; así en 1995, anterior etapa de fuerte sequía, la superficie de regadío era de 3.350.000 has y ahora son 4.040.000 has con lo que el “déficit” hídrico se acrecienta. No es coherente ampliar la superficie de regadío en los periodos de lluvia regular pues las afecciones se multiplicarán en los sucesivos periodos, cada vez más recurrentes de sequía.

Mientras tanto, seguimos sin atajar el origen del cambio climático, el sistema económico se mantiene con la quema acelerada de combustibles fósiles, y tampoco se afronta la adaptación a efectos indeseables como la sequía, al contrario, aumenta sin parar la superficie de agricultura de regadío, se transforman cultivos tradicionales de secano y no se implementan suficientemente técnicas más eficientes de usos del agua.

Estos y otros efectos negativos del calentamiento global en nuestro país reclaman con urgencia una Ley de Cambio Climático con la eficacia y profundidad de objetivos de mitigación y adaptación necesarios para poder afrontarlos. No es posible seguir proponiendo la “reducción” del 26% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 sobre las emitidas en 2005, año pico de emisiones, cuando la crisis ya ha conseguido esa reducción.

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