Este martes, El Ministerio de Igualdad trasladó a los colectivos trans el borrador de la nueva Ley Trans, que apuesta por por la despatologización de estas personas y que permitirá la rectificación del sexo registral a partir de los 16 años con el único requisito de la «declaración expresa».

La ministra de Igualdad Irene Montero pretende llevar el «borrador de la ley Trans», que además prevé avances en ámbitos como el sanitario permitiendo el acceso de las personas trans con capacidad de gestar a las técnicas de reproducción asistida, al Consejo de Ministros en los próximos días.

En el pacto de coalición de Podemos y PSOE se incluyó la propuesta de una ley para la transexualidad, aunque dicho pacto no recogía mucho más que la urgencia por acabar con las discriminaciones que sufren las personas transexuales, que según la Federación Española, representan un 0,01% de la población.

El borrador del texto todavía no cuenta con el visto bueno del PSOE y divide al movimiento feminista, por tanto habrá que negociar antes de que el anteproyecto pase por el Consejo de Ministros. Mientras el socio minoritario de la coalición pretende que las normativas estén listas en la primera quincena de febrero, la parte socialista plantea unificar las dos leyes en una única norma, después de que la ministra Irene Montero pusiera sobre la mesa de Carmen Calvo los dos borradores en una reunión la semana pasada.

Según fuentes gubernamentales, el anteproyecto que se apruebe en el Consejo de Ministros ha de tener dos principios: seguridad jurídica y calidad normativa.

El Ministerio de Montero señaló que tanto ella como la vicepresidenta primera «han convenido en que es necesario cumplir con el acuerdo de Gobierno y garantizar lo antes posible los derechos LGTBI y de las personas trans en base a los textos ultimados por Igualdad, que cuentan con una nítida garantía jurídica».

Choque contra el feminismo

Esta ley está generando un gran desencuentro del Ministerio de Igualdad y las plataformas feministas. Para la Alianza Contra el Borrado de Mujeres la sustitución del concepto “sexo” por el concepto “género” que propugna el borrador es “contrario a la ley, acientífico y sexista”. Y por ello, reclaman al Congreso y al Senado no deben contravenir la legislación española ni utilizar de manera incorrecta conceptos que terminan por eliminar el principal elemento que nos permite identificar las brechas de desigualdad entre los sexos.

«La incorporación de la información pública sobre el sexo de las personas es no solo legal, sino absolutamente necesaria y de obligado cumplimiento para diagnosticar y evaluar la situación y presencia de las mujeres en todos los ámbitos de la esfera pública (participación, social, economía, salud, deporte, etc.) y visibilizar las brechas de desigualdad por razón de sexo que aún existen», señalan desde la asociación.

«La identificación estadística del sexo es esencial para conocer los impactos diferenciados de las políticas públicas y para documentar la necesidad de aprobar y reformar leyes, diseñar políticas públicas o asignar presupuestos que los combatan», añaden.

Claves del anteproyecto de la Ley Trans

La demanda más básica por la que pelea el colectivo es el cambio de género en el Registro Civil sin tener que esperar a la mayoría de edad, por tanto, las personas mayores de 16 años estarían plenamente legitimadas para solicitar por sí mismas la rectificación.

Los cambios clave de la nueva Ley Trans que ultima Igualdad
Los cambios clave de la nueva Ley Trans que ultima Igualdad

Los menores de entre doce y dieciséis años o personas «con capacidad de obrar modificada judicialmente» sí necesitarán el consentimiento de representantes legales. Si los progenitores o la representación legal se negasen al cambio, la persona interesada podrá encauzar su solicitud a través del Ministerio Fiscal y será la autoridad judicial competente quien resuelva.

También se eliminaría la obligación de presentar un informe médico o psicológico para solicitar un cambio relativo al sexo en el Registro Civil, algo que sí se exigía en la legislación actual.

Asimismo, las personas extranjeras con residencia legal que demuestren la imposibilidad de haber hecho la rectificación en su país de origen, podrán rectificar la mención del sexo y el cambio del nombre en la tarjeta de identidad de extranjeros o en otros documentos.

La segunda clave tiene que ver con el derecho de acceso a la salud. Según el borrador, «ninguna persona podrá ser obligada a someterse a tratamiento, procedimiento médico o examen psicológico que coarte su libertad de autodefinición de la identidad de género», por tanto, se prohíbe el «uso de terapias aversivas y de cualquier otro procedimiento que suponga un intento de conversión, anulación o supresión de la identidad de género, o tendentes a considerar que cualquier identidad de género es consecuencia de enfermedad o trastorno».

El Sistema Nacional de Salud incluirá la «asistencia sanitaria necesaria para el tratamiento hormonal, terapia de voz, cirugías genitales, mamoplastias, mastectomías y material protésico». Los menores podrán acceder al bloqueo hormonal al inicio de la pubertad como a un tratamiento hormonal cruzado para favorecer que su desarrollo corporal se corresponda con el de las personas de su edad.

Además «podrán existir servicios especializados en diversidad de género» y las personas trans con capacidad de gestar tendrán garantizado el acceso a las técnicas de reproducción asistida en todos los centros hospitalarios públicos» con una unidad específica.

La tercera clave es en relación a la igualdad de las personas trans en las aulas. Los menores podrán «utilizar libremente el nombre que hayan elegido» y exteriorizar su identidad de género en el ámbito educativo. Los centros, el personal docente y el alumnado deberán respetar la imagen física de las personas trans y el acceso a las instalaciones, como los vestuarios o los aseos, conforme a su identidad de género.

Ley Trans permitirá a menores cambiar de sexo en el registro sin informe médico | Sociedad | EITB

En la cuarta clave se recogen medidas en la esfera laboral como bonificaciones para los empresarios que contraten a las personas trans que hayan que hayan rectificado la mención registral relativa al sexo y que serán consideradas personas en situación de exclusión social.

La quinta clave pretende que en los centros penitenciarios las personas trans sean tratadas y separadas conforme a su sexo registral. Además, las personas trans reclusas tendrán la posibilidad de continuar cualquier tratamiento médico u hormonal, pero también de iniciar uno nuevo si así lo desean.

En caso de no cumplir con los requisitos para efectuar el cambio registral, estas personas  «podrán solicitar de la administración que corresponda el reconocimiento de su identidad de género a los efectos de separación interna». Asimismo la identidad de género solicitada no implicará el de una nueva identidad jurídica ni supondrá un cambio en su clasificación penitenciaria de riesgo.

En la sexta clave del borrador se incluye la posibilidad de omitir la mención relativa al sexo en los documentos oficiales, una medida pensada para «una parte de la población que no se identifica con los géneros masculino ni femenino».

El documento concede el plazo de un año para determinar el encaje legal de las personas no binarias, a través de un informe que remitirá a las Cortes sobre las «eventuales modificaciones normativas a emprender» derivadas del reconocimiento del género no binario.

El pasado 21 de enero, los socialistas registraban su propia Ley para la Igualdad de Trato, bautizada como ley Zerolo, una ley que en principio presentarían conjuntamente PSOE y Unidas Podemos, lo que sembró desconfianza en el equipo morado.

Este anteproyecto también cuenta con la oposición de parte del feminismo. En verano, un argumentario del PSOE elaborado por la Secretaría de Igualdad y firmado, entre otras, por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, alertaba de los riesgos de autodeterminación de género porque «desdibuja a las mujeres como sujeto político y jurídico, poniendo en riesgo los derechos, las políticas públicas de igualdad y los logros del movimiento feminista».