Autor de varios documentales y tres películas de ficción, Ricketson, de 69 años, fue detenido en 2017, mientras estaba operando un dron para grabar una concentración del opositor Partido Nacional de Rescate de Camboya.

Tras la breve lectura del fallo, el documentalista fue devuelto a la prisión de Prey Sar, en las afueras de Phnom Penh, donde ha pasado los últimos 14 meses, lo llevaron en una furgoneta mientras gritaba: “¿Por qué país estoy espiando?

El juez consideró que el vídeoreportero utilizó su actividad humanitaria y de documentalista como tapadera para recolectar información que podría comprometer la seguridad del país.

Durante el juicio, la fiscalía apenas aportó pruebas del supuesto espionaje ni aclaró para qué país habría recopilado la información. “Todas sus actividades de filmación causan que la comunidad internacional odie Camboya, esta es su intención“, dijo el fiscal Sieng Sok en sus argumentos finales, y agregó que las afirmaciones de Ricketson de ser un cineasta y periodista eran una excusa para su verdadera misión. “Es un espía, recaba información de nuestro país para vender a otros países y dañar la seguridad nacional“.

El reportero tiene 30 días para apelar a la sentencia en un caso que su defensa atribuyó a motivaciones políticas por la supuesta relación personal que el australiano mantenía con varios dirigentes del PRNC.

Su familia ha expresado su desesperación por el resultado: “El costo de este resultado, para James, y toda nuestra familia y amigos es inmenso. Está viviendo, y continúa siendo, una experiencia verdaderamente brutal”, dijo el portavoz en una declaración en nombre de la familia. “Seguiremos luchando. No nos daremos por vencidos“.

El subdirector para Asia de Human Rights Watch (HRW), Phil Robertson, denunció que el veredicto estaba determinado de antemano y calificó a Ricketson como un chivo expiatorio utilizado por el gobierno camboyano para justificar la represión contra la oposición.

“Este juicio muestra todo lo malo de la justicia camboyana: cargos ridículamente excesivos, fiscales con pocas o ninguna prueba y jueces que llevan a cabo órdenes políticas del gobierno”, dijo en Robertson un comunicado.

HRW exigió la retirada de cargos y la puesta en libertad de Ricketson, y criticó la incapacidad del gobierno australiano para hacerlo y “enfrentarse a esta farsa ridícula“.

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