El Gobierno canario ha puesto en marcha los mecanismos para gastar 176 millones de euros en contratar más profesores y reducir su espera sanitaria a cuenta del superávit con el que terminó 2018 sin esperar la autorización del Estado, en una medida que sostiene que respeta la legalidad.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha reunido esta tarde a los miembros de su Consejo Asesor, conformado por las patronales CEOE y CCE y los sindicatos CCOO y UGT, para informarles sobre cómo va a liberar esos fondos, sin limitarse a lo que marca artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que solo autoriza gastar el superávit en reducir deuda.

Al término de la reunión, Clavijo ha defendido ante la prensa que su Ejecutivo va a proceder con «con riguroso ajuste a la legalidad» y ha recordado que Canarias lleva años cumpliendo la Ley de Estabilidad y los límites de déficit fijados a las autonomías.

El presidente ha adelantado que, incluso destinando a servicios públicos esenciales el superávit de 2018, Canarias no incurrirá en déficit en 2019 y que, además, la comunidad autónoma no piensa aumentar el periodo de pago a sus proveedores ni prevé elevar su deuda pública (que a 31 de diciembre era de 6.808 millones de euros, el 14,8 % de su PIB, la tercera tasa más baja del país).

Clavijo ha precisado que su Gobierno solo contempla un posible riesgo, que tampoco tiene por qué darse necesariamente: el de incumplir «por unas décimas» en 2019 la regla de gasto, en un escenario en el que no entendería que se le sancionara, tras ver cómo otras comunidades autónomas han vulnerado año tras año los límites de déficit y gasto sin consecuencias.

Respaldado por la representación social de sindicatos y organizaciones empresariales de las islas, el presidente ha añadido que la iniciativa está amparada legalmente, además, por la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de este año.

El presupuesto de Canarias en vigor, ha recordado, dispone en una cláusula que el superávit de la comunidad autónoma debe destinarse a mejorar los servicios sociales y a luchar contra la desigualdad en compensación de los recortes de gasto público emprendidos a resultas de la crisis.

Su planteamiento ha convencido a patronales y sindicatos, que, en palabras del secretario general de la UGT en Canarias, Gustavo Santana, están «muy satisfechos» porque comparten el parecer de que la fórmula que se ha buscado para acometer ese gasto «no es nada ilegal, al contrario».

Lo mismo ha opinado su homólogo en CCOO, Inocencio González, que ha insistido en que, al usar ese dinero en «reforzar servicios públicos esenciales» se trabaja por «ir disminuyendo la desigualdad», y ha calificado la decisión de «medida absolutamente acertada».

En nombre de las dos patronales provinciales, CEOE-Tenerife y Confederación Canaria de Empresarios (CCE), el presidente de esta última ha señalado que los representantes empresariales «entienden que es lo correcto en estos momentos, que es adecuado y que la sociedad canaria lo necesita».

Fuente