Tal y como informábamos el pasado 12 de abril, el juzgado de lo contencioso-administrativo número cinco de Madrid anulaba la inclusión de Toni Cantó y del exalcalde de Toledo Agustín Conde en la lista electoral de Isabel Díaz Ayuso a las elecciones de la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo, al certificar que ninguno de lo dos estaba empadronado en la región antes del 1 de enero, como marca la ley electoral para los comicios del 4 de mayo.

Ayuso ha decidido rodearse de quienes ya estaban en el Partido Popular hace 25 años, de ultraderechistas y al menos cinco personas, sobre las que no pesa ninguna imputación, pero aparecen mencionadas en alguno de los sumarios del caso Gürtel, Púnica o Lezo: Enrique López, Ignacio González, Ana Camins, David Pérez y Yolanda Estrada.

El 16 de abril, conocíamos la noticia de que el PP renunciaba a incluir en su lista a una tercera candidata a las elecciones del 4 de mayo, su número 56 Ana Vanesa Torrente, quien al igual que Toni Cantó y Agustín Conde se empadronó en Madrid después del 1 de enero de este año 2021 y, por tanto, tampoco cumplía las condiciones para ser candidata a los comicios del 4M.

Cantó se empadronó en Madrid el 22 de marzo, Conde el 26 y Torrente el 29. Pero el truco no coló por la denuncia del PSOE que alertó de que incumplían la ley electoral y el magistrado del juzgado contencioso administrativo determinó que nadie que no esté domiciliado en Madrid antes del 1 de enero de 2021, día en el que se cerró el censo, puede votar ni puede ser elegido.

Ana Vanesa Torrente ha ocupado cargos en el Gobierno murciano como secretaria general de la Consejería de Presidencia y de Justicia del Gobierno de Murcia, y secretaria general de los Servicios Jurídicos. Además, ha sido la directora gerente de la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT) en los últimos años, durante la presidencia de María del Mar Blanco. Torrente siguió unos meses más dentro de la FVT, pero en la actualidad ya no aparece en el organigrama de esta entidad, con lo cual su salida ha sido reciente.

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La número 74 de la lista electoral de Ayuso también ha tenido contacto con la justicia

Ahora, tal y como recoge infoLibre, hemos sabido que, además de los cinco nombres mencionados en los sumarios del caso Gürtel, Púnica o Lezo, la número 74 de la lista electoral de Ayuso, Mar Nicolás Robledano, también ha tenido contacto con la justicia.

La concejala de Brunete fue inhabilitada en 2001 durante seis años para cualquier cargo público por conceder «sistemáticamente» licencias ilegales. En 2001, el juzgado de lo Penal número 3 de Móstoles consideró probado que la entonces concejala del gobierno local había participado en una maniobra que abiertamente vulneraba las normas urbanísticas de Brunete. Como publicó el diario El País, los siete sentenciados, el primero de ellos el alcalde, habían venido «concediendo sistemáticamente licencias de obras mayor» pese a que eran contrarias al PGOU de la localidad.

Nicolás se ha visto salpicada por otros dos casos, aunque en ninguno de ellos ha llegado a estar imputada. El primero le costó al exalcalde de Brunete hace cuatro meses una pena de dos años de cárcel por intento de soborno a la edil Isabel Cotrina de la ahora recién disuelta UPyD. En 2014, Cotrina denunció que el PP le había ofrecido distintos favores a cambio de su voto, entre ellos, meter a su hija minusválida en la plantilla de un hospital privado del pueblo.

Este miércoles, Cotrina habló con infoLibre y le dijo que Mar Nicolás fue la primera que fue a su casa en julio de 2011 a ofrecerle un beneficio, un trabajo para su hija y más cosas pero que no la incluyó en la denuncia «porque vino un día y me ofreció e incluso posteriormente también pero no insistió ni me dio nada más porque no tenía poder suficiente», aunque sí la nombró durante su declaración.

El segundo sumario, conocido como Operación Enredadera, sigue todavía en instrucción y gira en torno al empresario José Luis Ulibarri y su supuesta red de contactos para lograr contratos públicos al margen de la ley. Ulibarri es uno de los principales acusados en otra macrocausa de corrupción, la que dentro de Gürtel, afecta al municipio de Boadilla.

En agosto de 2018, salió a la luz una de las conversaciones interceptadas un año antes en la Operación Enredadera. En ella hablaban de hacer un proyecto de videovigilancia para el Ayuntamiento de Brunete, donde Mar Nicolás era entonces concejal de Seguridad.

Uno de los dos hombres de Ulibarri le dijo a otro que debían presentar «dos ofertas de 45.000 euros cada una de ellas porque así las pueden adjudicar sin sacarlas a concurso ni leches», tal y como publicó Vozpopuli.

De esta forma, y siempre según las grabaciones, la trama habría pactado con Mar Nicolás Robledano, saltarse la ley de contratos de las administraciones públicas, ya que al no exceder la adjudicación de los 45.000 euros, se evitaba convocar un concurso público.

En la transcripción incluso aparece que habían llegado a hablar con su secretaria, quien este miércoles dijo a infoLibre no recordar nada de aquello. Según los subordinados de Ulibarri la oposición había puesto la lupa en cada contrato y no había forma de sortear el control. Y el plan, de haber existido, se torció. Mar Nicolás Robledano negó de forma tajante tener nada que ver con aquello.

La última conocida sobre Mar Nicolás se produjo en abril de 2020 cuando el PP se quejó de que el nuevo alcalde socialista, José Manuel Hoyo, la había denunciado por «saltarse el confinamiento» para repartir mascarillas.

 

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