El candidato a la alcaldía de Orihuela por el Partido Popular, José Vegara, se encuentra en una situación legal delicada, ya que la Fiscalía ha solicitado una condena de siete años de prisión y una multa de más de un millón de euros por su presunta implicación en dos delitos contra la Hacienda Pública, uno de fraude de IVA y otro de fraude del impuesto de sociedades.
Este hecho ha puesto en aprietos al presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, quien ha sido criticado por no haber suspendido a Vegara de sus funciones ni haberle pedido que renuncie a su candidatura.
Según el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso El Plural, Vegara y otros dos socios, como administradores de la ITV, cometieron los delitos al urdir un plan para ocasionar un perjuicio patrimonial a la Hacienda Pública.
Para ello, a través de un contrato de compraventa de agendas publicitarias, obtuvieron un precio mendaz y artificiosamente sobreincrementado que no se correspondía con el precio real del mercado, y mediante la expedición de diferentes facturas que recogían dichos precios mendaces, crearon en beneficio y favor de la estación de ITV unos gastos deducibles e impuestos de IVA ficticios que disminuyeron considerablemente los beneficios económicos de la empresa durante el ejercicio económico de 2005.
El escrito del fiscal asevera que tanto Vegara como sus socios, contactaron con un administrador de otra mercantil para la ejecución y consecución de su plan defraudatorio, quien concertó una estratagema en la cual compraba 100.000 agendas para venderlas a clientes con un precio de 17 euros aunque todos sabían que el precio real era de 1,31 euros por unidad.
De esta manera, el fraude se llevó a cabo y se logró una disminución fraudulenta e indebidamente de las cuotas tributarias que la ITV debía ingresar en Hacienda en concepto de los dos impuestos bajo investigación.
El caso de Vegara ha causado controversia en el Partido Popular, ya que la situación legal del candidato se conocía desde hace tiempo y, sin embargo, no se tomaron medidas al respecto.
Incluso, cuando El Plural publicó en exclusiva su procesamiento, Vegara aseveró ante los medios que el asunto estaba archivado desde 2015, lo cual fue desmentido por el auto de procesamiento de 2017 y la calificación fiscal de 2021.
Carlos Mazón, por su parte, ha sido criticado por no haber suspendido a Vegara de sus funciones ni haberle pedido que renuncie a su candidatura, ya que los propios estatutos del Partido Popular obligarían a tomar estas medidas en caso de encontrarse en una situación similar. Esto ha llevado a que dirigentes del PP atribuyan a Mazón la responsabilidad de haber elegido a un candidato procesado para Orihuela.
