La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, se reúne hoy con las comunidades autónomas para abordar, entre otros asuntos, el plan de resistencia a los antibióticos y el proyecto del real decreto por el que se regulan las ayudas a las víctimas de la talidomida.
Será en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), que presidirá Carcedo desde las diez de la mañana en la sede de su departamento, y que podría ser el último antes de la celebración, el próximo 28 de abril, de las elecciones generales.
Según el orden del día facilitado por Sanidad, que contempla 16 puntos más el de ruegos y preguntas, la ministra y los consejeros aprobarán el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (2019-2021) para frenar el uso excesivo de estos medicamentos, ya que España es de los países de la UE con un consumo mayor.
También está previsto que Sanidad y comunidades traten en la reunión el Proyecto de Real Decreto por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la Talidomida en España, un fármaco para frenar las náuseas de las embarazadas que provocó malformaciones fetales entre el periodo 1950-1985.
Carcedo ofrecerá información sobre el Plan para la protección de las personas frente a las pseudoterapias, de las que Sanidad ya ha identificado 73 que se publicitaban como productos o técnicas con efecto terapéutico pero que carecen de evidencia científica como la hidroterapia de colon, y está investigando otras 66, entre las que se encuentran la homeopatía y la acupuntura.
Asimismo, en «otros asuntos para información», figuran la evaluación de la «epidemia» de tabaquismo y del cumplimiento normativo de las disposiciones frente al mismo y la valoración por las comunidades del informe «Estimación de la Oferta y Demanda de Médicos Especialistas.España 2018-2030».
Carcedo informará del anteproyecto de la ley de protección integral a la infancia y a la adolescencia, que aprobó el Consejo de Ministros a finales del pasado año y que amplía el plazo de prescripción de los delitos más graves contra menores hasta que la víctimas cumplan 30 años.
La presentación de los documentos validados por el grupo de trabajo institucional del Plan de abordaje de las terapias avanzadas, los medicamentos CAR-T, será otro de los asuntos a tratar.
