El cardenal nicaragüense, Leopoldo Brenes, instó este domingo al Gobierno del presidente Daniel Ortega y a la oposición extraparlamentaria a «seguir trabajando» en la mesa de negociación «para pacificar el país».
«Que sigan trabajando con buena voluntad», dijo Brenes, también arzobispo de la diócesis de Managua, Masaya y Carazo, al ser consultado por periodistas sobre la mesa de negociación que concluyó el miércoles pasado sin acuerdos en los temas de justicia y democratización.
Para el religioso, tanto los representantes del Ejecutivo como de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia tienen que «tomar consciencia» y «escuchar las necesidades», y de esa forma «seguir trabajando para pacificar el país».
El Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica concluyeron el miércoles pasado la mesa de negociación para superar la crisis que estalló hace casi un año, sin acuerdos en los temas de justicia y democratización, aunque dejaron la puerta abierta para seguir las conversaciones.
Los delegados del Ejecutivo pidieron un tiempo para reflexionar sobre los puntos de verdad, justicia, reparación y no repetición, y de democratización y reformas electorales, mientras avanzan en la elaboración de los protocolos sobre los acuerdos logrados relativos a derechos y garantías ciudadanas y la liberación de los denominados «presos políticos».
Para el cardenal Brenes, «se necesita buena voluntad de todos» ya que «en el camino todo se endereza cuando hay buena voluntad».
A su juicio, la mesa de negociación debía seguir discutiendo los temas hasta alcanzar consenso.
Recordó que en el fallido diálogo nacional, que se desarrolló entre mayo y julio del año pasado y en el que la Conferencia Episcopal de Nicaragua participó como mediador y testigo, «se acabó» cuando en la mesa se comenzó a trabajar el tema de justicia y democracia.
Nicaragua está inmersa en una crisis como consecuencia de las protestas callejeras que estallaron el 18 de abril de 2018 por una impopular reforma del seguro social.
En las manifestaciones se exige la renuncia del presidente Daniel Ortega tras casi 12 años en el poder de forma consecutiva.
Esta situación ha causado 325 muertos y cientos de presos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque algunos organismos humanitarios locales elevan a 568 las víctimas mortales, además denuncian actos violentos y ataques también a los obispos del país.
El Ejecutivo solo reconoce 199 víctimas mortales y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.
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