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Redacción

Hoy ha tenido lugar en Retortillo (Salamanca) un encuentro de representantes y cargos públicos de Portugal y España con el fin de comprobar sobre el terreno e intercambiar información sobre los proyectos que la empresa australiana BERKELEY quiere instalar en Retortillo y Villavieja de Yeltes, y a escasos kilómetros de la frontera portuguesa: una mina de uranio a cielo abierto, con una planta de tratamiento del uranio y depósito de residuos radiactivos; unas instalaciones consideradas de primera categoría dentro del ciclo del combustible nuclear español.

La Junta de Castilla y León determinó que las instalaciones previstas en Retortillo no tendrían efectos medioambientales en Portugal, por lo que no se sometió a información pública la Evaluación de Impacto Ambiental en el país vecino. La Declaración de Impacto Ambiental aprobada no hace ninguna referencia a las consecuencias que para el territorio portugués va a tener la apertura de la mina; pero la Agencia Portuguesa de Ambiente considera que sí las va tener en el territorio luso por el régimen de vientos y la posible contaminación de las aguas del río Yeltes, afluente del “Douro vinhaterio”, del que se nutren dos millones de portugueses.

Se trata de una mina de uranio a cielo abierto, con una planta de tratamiento del uranio y depósito de residuos radiactivos

Los representantes públicos españoles  (Diputados nacionales, Procuradores de Castilla y León, Diputados provinciales y Alcaldes y concejales) han mostrado su apoyo a los representantes políticos portugueses en su solicitud de que se tenga en cuenta el Protocolo de actuación firmado en 2008 entre el Reino de España y la República Portuguesa para la aplicación de las evaluaciones ambientales de planes, programas y proyectos con efectos transfronterizos. Esto supondría la apertura de un plazo de información pública en Portugal para que se puedan presentar alegaciones por “el público interesado y todas las entidades a quienes el proyecto pueda interesar”. Como la misma Junta de Castilla y León ha reconocido, cabe la posibilidad de realizar ese trámite de información pública en Portugal para la Autorización de construcción de la Planta de Tratamiento de Retortillo, por lo que el Gobierno español debe realizarlo antes de otorgar dicho permiso.

Los representantes políticos también han querido transmitir a la ciudadanía la oposición a la autorización y puesta en funcionamiento del proyecto actual que contempla la empresa Berkeley, y que consideran muy negativo para los pueblos del Campo Charro y las personas que los habitan, apoyando la oposición de la población y considerando que no tiene futuro en una sociedad europea que promueve valores de conservación del medio ambiente y de seguridad frente a los riesgos para la salud que ese proyecto conlleva, no solo de la zona sino también del país vecino.

Pintada contra la mina. Por Lucía Villa.

Gabriel Risco, miembro de EQUO Salamanca y concejal, ha indicado que representantes y cargos públicos españoles están “para apoyar la petición de los parlamentarios portugueses que hacen al Gobierno español de forma reiterada de información sobre las repercusiones nocivas transfronterizas de este proyecto”. El concejal también ha querido mostrar “apoyo a la población del campo charro de Salamanca en contra de este proyecto que va a acabar con sus posibilidades de futuro“.

Juantxo López de Uralde, coportavoz de EQUO y diputado, también ha tenido unas palabras al respecto: “El proyecto de construir una mina a cielo abierto para extraer uranio en Salamanca es actualmente el proyecto más agresivo con el medio ambiente en nuestro país: ya se han arrancado 1500 encinas centenarias para construir una balsa, carreteras… Creemos que el proyecto debe pararse porque además aún no cuenta con el informe favorable del regulador. No hay razón económica alguna que justifique el atentado ecológico que se está cometiendo en Retortillo y en toda la comarca”, ha comentado el diputado.

Al mismo tiempo todos estos representantes públicos españoles han querido hacer patente su demanda a los gobiernos central, autonómico de Castilla y León y provincial de Salamanca para que apoyen la puesta de marcha de proyectos de futuro para la zona, basados en la agricultura, la ganadería y el turismo sostenibles, que impliquen la creación de oportunidades y de empleo a largo plazo. Así mismo, también han reivindicado el apoyo de los servicios públicos en el mundo rural.

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