Carlos Mur revela las razones detrás de la no medicalización de residencias de mayores en Madrid

Carlos Mur, el ex alto cargo de la Comunidad de Madrid, conocido por su papel en la firma de los controvertidos «protocolos de la vergüenza» que limitaron los traslados de ancianos desde residencias de mayores a hospitales durante los primeros meses de la pandemia, ha proporcionado detalles clave en su declaración ante un juez.

Las revelaciones, que tuvieron lugar en marzo y fueron recientemente obtenidas por Radio Madrid Cadena SER, ofrecen una visión interna de las decisiones cruciales tomadas durante los momentos iniciales de la crisis sanitaria.

Mur explicó que la idea de medicalizar las residencias fracasó debido a que los recursos se redirigieron hacia otros lugares, especialmente hacia el hospital de campaña de Ifema. «La canalización de medios a otros dispositivos que se estaban abriendo no permitió contar con medios para medicalizar las residencias como debía», señaló.

Según Mur, solo 23 ancianos de dos residencias fueron trasladados al hospital de campaña de Ifema, y todos fueron dados de alta poco después de su ingreso. No se admitió a nadie más debido a la falta de recursos para atender a este tipo de pacientes.

El ex alto cargo también argumentó que los geriatras expresaron sus reservas sobre enviar a los ancianos a hospitales saturados, alegando que iba en contra de los principios de la bioética y que era más apropiado proporcionar cuidados y tratamiento en sus lugares habituales.

En cuanto a los controvertidos «protocolos de la vergüenza», Mur los defendió como «recomendaciones» elaboradas para liberar a los médicos de la responsabilidad de decidir cómo asignar los recursos en una situación de escasez.

Afirmó que estos protocolos se aplicaron en el contexto de una catástrofe y que se basaron en informes que indicaban que los traslados a hospitales no necesariamente aumentaban las posibilidades de supervivencia.

Carlos Mur se ha referido a la existencia de informes realizados a posteriori que apuntan a que los traslados a hospitales no salvaron vidas. Según dicho informe, el 42% de los pacientes de residencias de mayores con COVID-19 enviados a hospitales fallecieron, frente al 46% que permanecieron en las residencias. Sin embargo, no aclaró las condiciones de los mayores que murieron sin recibir atención hospitalaria en un residencia.

A pesar de las explicaciones de Mur, las decisiones tomadas durante la primera ola de la pandemia siguen siendo objeto de controversia. Durante ese período, al menos 7.291 ancianos fallecieron sin recibir atención hospitalaria, una cifra que ha generado críticas y preguntas sobre la gestión de la crisis sanitaria en Madrid.