En España, la mayoría de los centros educativos privados tienen algún tipo de concierto con la administración pública. De los 8.276.528 alumnos y alumnas que estudian en enseñanzas no universitarias, sólo el 7% lo hace en centros privados, frente al 26% que acuden a centros concertados, según cifras del Ministerio de Educación.
Desde 2010, el número de centros concertados en España ha crecido un 6%, frente al 4% de los públicos. El fenómeno de la concertada se encuentra regulado en nuestro país desde 1985, en el que el Real Decreto 2377/1985 ya establecía la obligatoriedad de ofrecer una escolaridad gratuita, al nutrirse de fondos públicos. Su función no era otra que llegar a donde no podía el Estado.
Los centros concertados también podían, según la legislación, percibir cantidades determinadas de dinero para sustentar sus proyectos educativos, que, en muchas ocasiones, se basan en una menor ratio de alumnos por aula, una mejor dotación tecnológica del centro o el establecimiento de diversas instalaciones que permitan mejorar la calidad de la educación, como pistas deportivas o piscinas. Pero esas actividades deberían ser “complementarias, voluntarias y sin carácter discriminatorio”, además de no ser lucrativas.
El 90% de los colegios concertados en España cobran cuotas, aunque sea algo irregular. Así se desprende del último informe presentado por la Confederación Española de Asociaciones de padres y madres del alumnado (CEAPA) y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) sobre la política de cobros y tarifas en base a la información que facilitan a las familias en 336 centros educativos concertados, muestra utilizada para el estudio. La investigación concluye que el 90% de estos colegios cobran cuotas mensuales y en un 89% de los casos son, además, obligatorias, en contra de lo establecido en la legislación.
La ley Celaá se aprobó este jueves en el Congreso para frenar los privilegios que se otorga a la concertada. Servirá para matricular más alumnos sin recursos o con necesidades especiales en la concertada con nuevos criterios de admisión, impedir regalar suelo público a las empresas para levantar colegios, poner freno al pago de cuotas y hacer de Religión una asignatura que no se evalúa ni tiene alternativa.
Sin embargo, el presidente del PP, Pablo Casado, participará este domingo en la manifestación de Madrid contra la reforma educativa junto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.
La manifestación ha sido convocada por la plataforma Más Plurales (plataforma donde una de las impulsoras es una excandidata de Falange), que ha recogido más de un millón y medio de firmas contra la LOMLOE.
Otros miembros de la cúpula del PP también respaldarán estas manifestaciones desde otras provincias de España. Así, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, estará en la convocatoria de Murcia, y la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, acudirá a la de Logroño, circunscripciones por las que son diputados.
El vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, se sumará a la de Lugo; la vicesecretaria de Política Social, Ana Pastor, estará en la de Pontevedra; y la responsable de Organización, Ana Beltrán, acudirá a la de Ciudad Real, dado que ese mismo día estará presente también en el congreso provincial del partido.
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