El conflicto entre Francisco Igea, exlíder de Ciudadanos en Castilla y León, y el Partido Popular liderado por Alfonso Fernández Mañueco ha alcanzado un nuevo nivel. Igea ha respondido de manera tajante a la solicitud del PP a las Cortes para que se le aparte en virtud del Pacto Antitransfuguismo, alegando que Mañueco ha fomentado el transfuguismo y acusándolo de corrupción.
La encarnizada disputa surge desde la salida de Ciudadanos del Gobierno regional por decisión de Vox a principios de 2022. La solicitud del PP para apartar a Igea se presentó tras la petición de explicaciones del procurador al Gobierno sobre la actividad de su excompañero Luis Fuentes.
Fuentes, expresidente de las Cortes, fue situado por Mañueco como delegado del Corredor Atlántico, cargo retribuido con 65.000 euros al año. Igea previamente había pedido a la Junta explicaciones sobre la gestión de Fuentes, generando tensiones entre ambos.
En respuesta a la petición del PP, Igea anunció una denuncia penal por posible prevaricación si la solicitud prospera. Afirmó que PP y Vox buscan silenciarlo, pero destacó su determinación. Además, señaló que la solicitud de destierro es casi simultánea a su requerimiento sobre Fuentes y la gestión del cargo de delegado del Corredor Atlántico.
Igea acusó directamente a Mañueco de fomentar el transfuguismo al dirigirse a parlamentarios de Ciudadanos. «Eso sí es transfuguismo y eso sí es corrupción», declaró, subrayando el contraste entre las acusaciones del PP y casos de antiguos miembros de Ciudadanos que ahora trabajan para la Junta con sueldos públicos.
Las acusaciones de Igea se centran en el salario de 65.000 euros al año que recibe Luis Fuentes, excompañero de Igea en Ciudadanos, actualmente delegado del Corredor Atlántico en la Consejería de Movilidad. Igea ha cuestionado la utilidad de dicho cargo y ha insinuado que se le recompensa por lealtades pasadas más que por su desempeño.
Igea ha acusado directamente a Mañueco de fomentar el transfuguismo al dirigirse a parlamentarios de Ciudadanos, calificando esta acción como corrupción. A su vez, ha anunciado la posibilidad de una denuncia penal por prevaricación en caso de que la solicitud de apartarlo prospere.
En este contexto, el PSOE ha entrado en escena, destacando la ironía de las acusaciones de transfuguismo por parte del Partido Popular. Patricia Gómez, viceportavoz socialista, ha recordado episodios anteriores de transfuguismo en la política española, como el caso ‘tamayazo’ en Madrid en 2003. Gómez ha señalado que resulta sorprendente la coherencia del Partido Popular al hablar de transfuguismo ahora, recordando momentos en que el PP se benefició de situaciones similares en la Comunidad de Madrid y en el Congreso.
La viceportavoz socialista también ha mencionado la colocación de diputados de Ciudadanos en puestos del PP y ha recordado el caso de María Montero, procuradora de Ciudadanos que se pasó al grupo de no adscritos durante la moción de censura del PSOE en Castilla y León en 2021.
La situación política en la región parece estar marcada por viejas rivalidades y conflictos, con los partidos enfrentándose por acusaciones de transfuguismo y aprovechamiento político. La tensión entre Igea y el PP, así como la referencia al ‘tamayazo’ por parte del PSOE, reflejan una vez más las complejidades de la política regional en España.
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