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“Nunca acabas de asimilarlo”. Así describe Albert Tió (Barcelona, 1967) su agónica espera antes de ingresar en prisión por haber sido uno de los impulsores de un club de fumadores de cannabis en Barcelona. “Yo me puedo llegar a mentalizar… pero lo complicado es contárselo a mis hijos”.

El debate en la familia de Tió es precisamente este: qué le cuenta a sus hijos de cinco y dos años y cómo actuarán el día que ingrese en la cárcel. “No sabemos si es mejor que me vengan a ver allí o contarles que estaré un tiempo trabajando fuera…”, sostiene mientras toma un café en el centro de Barcelona.

Este licenciado en Ciencias Políticas y Sociología aguarda desde el pasado 19 de febrero a que le llegue una notificación que le diga cuando tiene que ingresar en prisión. El Tribunal Supremo (TS) le comunicó que desestimaba su recurso y ratificaba su condena: cinco años de cárcel por un delito contra la salud pública y de asociación ilícita por haber sido el secretario de la asociación de fumadores de cannabis AIRAM, una organización que se mantuvo abierta al público en la capital catalana entre 2012 y 2014.

“Me tratan como si fuese un narcotraficante, pero yo soy un activista”, sostiene Tió, que también preside la FEDCAC, una de las dos federaciones catalanas que agrupan a los clubes cannábicos. Tió ha recurrido la sentencia al Tribunal Constitucional y espera a que el tribunal de garantías le diga si puede esperar el fallo en libertad o deberá hacerlo desde la cárcel. De mientras, se dedica a hacer trabajos para la comunidad ayudando a personas con discapacidad tras llegar a un pacto con la Fiscalía en otro proceso penal por la misma asociación, en el que se le acusó de blanqueo de capitales y delito contra la salud pública.

Según cuenta Tió, en AIRAM él nunca estuvo relacionado directamente con el cultivo y dispensación del cannabis. Empresario de ocio nocturno, asegura que su tarea al frente de la asociación de fumadores estaba relacionada con la dinamización cultural del espacio. “Organizaba charlas y talleres de reducción de riesgos, exposiciones de los socios, conciertos, clases de yoga…”. Para ese cometido, Tió -siempre según su relato- percibía un sueldo de 1.200 euros al mes. “Yo a los cultivos ni siquiera iba, no soy ningún experto en el tema”.

Tió impulsó AIRAM en 2011 junto a dos personas más -el presidente y el tesorero- que también han sido condenados a cinco años de prisión. Abierto en un moderno local en el centro de Barcelona, el club se convirtió rápidamente en uno de los más conocidos de la ciudad y fue creciendo al albor del boom de este tipo de asociaciones en Barcelona. “No se trataba de promover el consumo de cannabis, pero sí de crear un entorno alejado del mercado negro para que la gente pudiera consumirlo”, relata. “Queríamos hacer una mezcla de asociación cultural y cannábica, donde también hubiera actividades para todos los socios”.

2.000 asociaciones de fumadores en el limbo

Los tres socios sabían que se enfrentaban a riesgos penales, pero en ningún momento pensaban que llegarían a condenarles a cinco años de cárcel. “Los abogados nos decían que el riesgo era relativo”, rememora Tió, “ y además teníamos ganas de contribuir a cambiar las cosas y a normalizar la situación de los fumadores de cannabis”.

Siete años después, el modelo asociativo de los clubes de fumadores de cannabis es una realidad presente en todo el país, aunque no exenta de riesgos. Se calcula que hay 2.000 asociaciones de fumadores de este tipo en España –800 de ellas en Catalunya– y cada una se encuentra en su limbo particular. Algunas no han tenido ningún problema con la ley, otras se encuentran en procesos penales con peticiones de penas de cárcel. 

Estas organizaciones no están expresamente prohibidas, pero tampoco permitidas. Ante la falta de una normativa específica (hay dos iniciativas parlamentarias paralizadas a pesar de que la mayoría de grupos del Parlament se muestra dispuesto a regular la sustancia), el debate sobre estos espacios de consumo se ha realizado durante los últimos años en los juzgados. El Tribunal Supremo dictó una sentencia en octubre de 2015 en la que, si bien estableció los requisitos necesarios para poder crear estos espacios, limitó el modelo del consumo compartido hasta un nivel que pocas asociaciones de fumadores cumplen hoy en día.

«No participaba en las reuniones de gestión ni en las cuestiones administrativas y tampoco creo que nada de lo que hiciéramos fuese merecedor de penas tan altas», sostiene Tió, que, con todo, sí se arrepiente de «no haber tenido más cuidado sobre los movimientos económicos» del club.

La asociación que fundó creció de manera exponencial y llamó la atención de las autoridades. La entidad llegó a tener 4.000 socios –la mitad de ellos inactivos– hasta el punto de que en algún momento tuvieron que limitar la entrada de nuevos participantes o bien interrumpir la dispensación de cannabis a sus miembros. Según recuerda Tió, hubo un año en el que facturaron 1,2 millones. «Las cuentas eran públicas y se presentaban a la asamblea de socios», precisa.

La asociación, en el punto de mira de la policía, sufrió hasta seis registros durante los tres años en los que se mantuvo abierta. En algunas ocasiones registraban el local de AIRAM, en otras irrumpían en los cultivos que tenía la organización. A pesar de las incautaciones de cannabis, la asociación seguía abierta y las autoridades no la precintaban. “Los abogados nos decían que debíamos pasar por estas situaciones antes de alcanzar la tranquilidad”, explica Tió.

El 4 de febrero de 2014 se realizó el último registro que llevaría a Tió y sus compañeros a la situación actual. Los Mossos d’Esquadra irrumpieron en el cultivo de marihuana que la asociación tenía en una nave industrial de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) e incautó más de 2.800 plantas en diferentes estadios de crecimiento, con un peso bruto total de 2.680 kilos, según la sentencia del TS.

“Creo que nos usaron como cabeza de turco”, opina este activista, que señala que otras asociaciones han llevado a cabo prácticas mucho más controvertidas sin sufrir las mismas consecuencias legales. “Muchas actúan como meros dispensarios de cannabis mientras nosotros habíamos creado una asociación totalmente viva, con actividades para todos los socios”. Tió reconoce, sin embargo, que el rápido crecimiento de AIRAM –no exento de polémica dentro del sector– seguramente tuvo algo que ver con la intervención policial. “Imagino que querían demostrarnos que este modelo tiene unos límites”, apunta.

Mientras aguarda su entrada en prisión, Tió sostiene que no se arrepiente de lo que ha hecho excepto por el dolor que le ha hecho pasar a su familia. “Espero que todo este sufrimiento sirva para que de aquí unos años todo el mundo pueda consumir cannabis de manera segura y sin ser criminalizado”.

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