Una nueva figura ha aparecido este miércoles en el juicio del procés: «Visitantes internacionales». Se trata de un grupo de diputados extranjeros a los que el exsecretario general del Diplocat, Albert Royo, pagó hotel y viaje a Barcelona entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2017 pero que, según el propio Royo, nada tienen que ver con los observadores internacionales que presenciaron in situ la votación del 1-O.

Royo ha sido el primero de la cuarentena de imputados en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona citados como testigos en el juicio del procés que accede a declarar. En el Supremo, como testigo, ha repetido lo que dijo como imputado en Barcelona, y ha intentado desvincular de la conselleria de Exteriores de la Generalitat los trabajos del Diplocat, una fundación público–privada en cuyo patronato están el Govern, el Ayuntamiento de Barcelona o el Barça.

Respecto a los «visitantes internacionales» – a los que en Barcelona se refirió como «delegados parlamentarios europeos»– Royo no ha negado, como sostienen las acusaciones, que les pagara 40.591,2 euros en viajes y alojamientos a Barcelona. No obstante, ha deslindado estos gastos del 1-O, y por lo tanto de la malversación que se juzga en el Supremo (y por la que el propio Royo puede terminar procesado en Barcelona).

Según Royo, el viaje formó parte de un “programa de visitantes internacionales” que Diplocat realiza diez veces al año como “actividad habitual” cuando hay “eventos de interés”. Por ejemplo, ha dicho que también se realiza el mismo programa por Sant Jordi. Royo ha negado que financiara cualquier gasto relacionado con observadores de la votación: «No pagamos honorarios a observadores internacionales porque no los contratamos».

El propio Diplocat y la Generalitat alardearon de contar con observadores para el 1-O en los días previos al referéndum, pero ahora niegan haberlos costeado el viaje. Este miércoles, a preguntas de la Abogacía del Estado, Royo ha afirmado que Diplocat «no estaba organizando ningún referéndum». A preguntas de Vox, ha remachado: «Organizamos charlas sobre la situación política, no sobre el 1-O».

Aunque correos electrónicos obrantes en la causa muestran que Royo y el exconseller de Exteriores Raül Romeva negociaron cómo traer y el coste de los observadores internacionales, el exjefe del Diplocat ha negado la mayor. «La Generalitat no decidía el presupuesto y Diplocat no tenía dependencia funcional de la Generalitat», ha afirmado.

La Fiscalía pide denunciar a un testigo

El momento de mayor tensión de la sesión se ha producido con el primer testigo de la jornada, el responsable de difusión del Govern, Jaume Mestre. La Fiscalía ha pedido al tribunal denunciar por falso testimonio a Mestre por responder evasivamente y con constantes «no recuerdo» en su interrogatorio, en el que no ha precisado si la Generalitat debía pagar los anuncios de publicidad del 1-O a TV3 y Catalunya Ràdio, pese a estar facturados.

Mestre, que ha comparecido como testigo a petición de la Fiscalía, fue el encargado de difusión durante el 1-O y aunque fue cesado tras la aplicación del 155, ahora ha vuelto a desempeñar el mismo puesto en el Govern de Quim Torra. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha dicho que la decisión de denunciar a Mestre se tomará cuando se redacte la sentencia.

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