Dos centros de acogida de menores han sido asaltados en menos de cuatro días en Catalunya. El primero fue en Canet de Mar, cuando un hombre entró el jueves con un cuchillo en la residencia donde viven estos jóvenes, y el segundo en Castelldefels, donde el centro fue asaltado el sábado por una veintena de personas que provocaron tres heridos. La Generalitat ha salido al paso de los incidentes, que finalmente ha calificado de «racistas», para negar que se esté generando un clima de hostilidad contra los numerosos centros de emergencia habilitados en albergues y casas de colonias estos últimos años para acoger a los menores que llegan sin familiares.

Sólo en 2018, la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) abrió más de 150 centros en distintos municipios para atender a los 3.500 menores extranjeros no acompañados (los llamados MENA por sus siglas) que llegaron a Catalunya. Para este año prevén que sean más de 5.600. «La gente no es hostil ni ataca estos centros», ha querido remarcar el secretario de Inmigración del Govern, Oriol Amorós, que tras los ataques ha asegurado que «muy mayoritariamente» los consistorios y vecinos colaboran con las residencias de acogida. En los dos casos de ataques violentos, la Generalitat ha asegurado que se personará como acusación particular contra los agresores y que lo llevará a la Fiscalía de delitos de odio.

Amorós ha insistido que ninguna reyerta previa que pudiera ocurrir con los jóvenes puede justificar «la gravedad de esta actitud agresiva», que se resume en que en los dos casos los atacantes han entrado en un centro de menores tutelados por la Generalitat para agredirles. Aunque el origen del asalto en Castelldefels fuera una pelea previa con gente del pueblo, ha añadido Amorós, el hecho de que un grupo decidiera culpar de ello a todo un colectivo -como son los 35 menores del centro- e intentara agredirles constituye un acto racista.

La alcaldesa de Castelldefels, Maria Miranda, ha evitado hablar de una acción xenófoba para encuadrar el episodio a una «pelea entre grupos de jóvenes». Ha explicado en declaraciones a TV3 que estos menores tutelados y otros vecinos que viven en el centro del municipio habían protagonizado anteriormente alguna riña, aunque en la Junta de Seguridad Local celebrada el jueves pasado los cuerpos policiales no detectaron ninguna situación fuera de lo normal.

El asalto del pasado sábado se produjo, según los Mossos, a las 21:30 horas, después de la pelea. Un grupo de 25 personas se plantó en el centro y llegó a entrar en el recinto y agredir a dos educadores y uno de los menores tutelados, que fue trasladado al Hospital de Viladecans por contusiones. A este chico los atacantes le tiraron de un muro de dos metros en el que estaba sentado y le apedrearon. Un día después, un grupo más numeroso de personas volvió al centro para protestar contra la presencia de los menores. Los Mossos identificaron a varios de ellos para comprobar si eran los mismos que protagonizaron la actuación violenta del día anterior.

Las entidades antirracistas han cargado con dureza contra estas acciones violentas y han acusado a la Administración de permitir que en más de una ocasión se haya asociado a estos jóvenes a la delincuencia o el incivismo. Este mismo martes se ha celebrado una concentración organizada por ‘Castelldefels amb les Persones Refugiades’ contra los ataques xenófobos. 

«No es un caso aislado: es consecuencia de una campaña sistemática de criminalización de los categorizados como MENA», lamentaban desde SOS Racismo a raíz del caso de Canet de Mar, una queja que consideran igual de válida para lo ocurrido en Castelldefels. Como ellos, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado denuncia que estos episodios violentos tienen que ver también con la «parquedad» en los medios de que disponen los centros de acogida para atender a los tutelados.

La tensión en Canet de Mar 

Pese a las llamadas de la Administración a la calma, el episodio de Canet de Mar refleja que más allá del asalto al centro de acogida por parte un hombre que iba armado con un cuchillo, que fue detenido por los Mossos y luego puesto en libertad bajo cargos, en el municipio se ha organizado un grupo de personas contrarias a la presencia de la residencia en la que viven 50 menores migrantes. Lo reconoció la alcaldesa de esta localidad de unos 15.000 habitantes, Blanca Arbell (ERC), que acusó a un grupos de ideología «no muy democrática» la intención de generar alarma social sobre estos adolescentes. 

«Les acusan de todo lo que pasa sea verdad o no, pero con las cifras policiales en la mano, vemos que los robos a domicilios nada tienen que ver con ellos», aseguraba en TV3. Días antes del ataque que sufrió su centro, se había registrado en el pueblo por primera vez una protesta de varias decenas de personas para rechazar la presencia de este colectivo de menores asociándola a un supuesto aumento de la delincuencia. 

En Arenys de Mar, población cercana a Canet, también la alcaldesa, Annabel Moreno, tuvo que salir a pedir «serenidad» y reconoció que se había generado «alarma social» con relación a los menores migrantes. Puso como ejemplo el caso de una denuncia falsa interpuesta por una mujer por robo y agresión que resultó ser falsa, según acreditaron finalmente los Mossos, y el de un «rastro de sangre» que apareció en la vía pública la semana pasada y que dio pie a todo tipo de conjeturas en las redes sociales.

«La realidad de los hechos se situaba en un accidente doméstico y hizo falta defenderlo de forma reiterada por la incredulidad y la desconfianza de las redes», lamentaba. Unas semanas antes, sin embargo, se había producido una agresión a una concejal del Ayuntamiento por parte de tres jóvenes que los Mossos d’Esquadra identificaron como de un centro de acogida de un municipio cercano, según informó La Vanguardia. 

Traslado de los jóvenes de Castelldefels

La Generalitat aseguró este lunes que los ataques recibidos en el centro de Castelldefels, llamado Cal Ganxo, no tienen por qué acelerar o frenar el traslado de los 35 menores que viven en él. Pero la alcaldesa de Castelldefels informó más tarde de que sí serían llevados a otro equipamiento ayer mismo. 

Su estancia en Cal Ganxo, a la que llegaron en diciembre, era con todo provisional, puesto que quienes la gestionan, la entidad Fundesplai, tiene compromisos relacionados con la actividad habitual del recinto, que es un centro de actividades medioambientales. Si se habilitó para los migrantes tutelados fue por la necesidad de abrir nuevas plazas como solución transitoria a la llegada de decenas de menores a diario en Catalunya. 

En los últimos dos años se han abierto decenas de equipamientos como este para acoger a menores migrantes no acompañados, en muchos casos en casas de colonias y albergues que, como Cal Ganxo, están aislados de núcleos urbanos. Sobre si la Generalitat se replantea esta política de apertura de centros en estos entornos, Amorós lo ha descartado de forma tajante, al entender que su apuesta es acoger a estos jóvenes en grupos de no más de 30 o 40, en vez de concentrarlos en grandes espacios en la ciudad, tal como asegura que se hace en otras comunidades autónomas.

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