El Tribunal Supremo ha rechazado dejar libres antes del juicio a los nueve dirigentes soberanistas acusados de rebelión. El tribunal presidido por el magistrado Manuel Marchena sigue viendo riesgo de reiteración delictiva y de fuga –dos de los motivos que justifican la prisión provisional– en Oriol Junqueras y el resto de los acusados debido a que Carles Puigdemont y otros dirigentes soberanistas permanecen en el extranjero.

El tribunal ve por primera vez en varios meses «intensificado» el riesgo de fuga. No solo por la mera existencia de dirigentes catalanes en el extranjero, algo que el Supremo ya había aducido en el pasado, sino también porque ahora las «autoridades» del Govern y el Parlament de Catalunya han viajado a Bélgica y a Suiza, países donde se encuentran Puigdemont o Marta Rovira (ERC).

Estos viajes de Quim Torra, Roger Torrent y otras autoridades catalanes ponen de manifiesto, según el Supremo, la existencia de «estructuras de poder organizadas puestas al servicio» de los procesados por rebelión –como Puigdemont– que decidieron huir hace unos meses, y que ahora también podrían usarse para «facilitar la fuga» de Junqueras y el resto de acusados.

El caso Demirtas

Las peticiones de algunos dirigentes se basaban además en el caso del líder kurdo Selahhatin Demirtas, encarcelado por las autoridades turcas y a quien el Tribunal de Estrasburgo dio la razón y ordenó dejar en libertad. El tribunal que juzgará el ‘procés’ descarta que los casos del parlamentario kurdo y el de los líderes soberanistas sean equiparables.

En síntesis, el Supremo ve diferentes ambos casos porque Demirtas era un líder opositor, mientras los dirigentes catalanes pilotaban la Generalitat y eran los máximos representantes del Estado en la comunidad, por lo que «no expresan la silenciada voz discrepante frente a una política hegemónica que se impone sin contrapesos».

A las puertas del juicio y tras haber recibido varios alegatos políticos y denuncias de vulneraciones de derechos por parte de los dirigentes encausados, el tribunal que preside Marchena es tajante a la hora de negar cualquier tipo de desviación a lo que establece la ley. «No existe persecución por las ideas ni se criminaliza una ideología», defiende el Supremo, que recuerda que los independentistas –una ideología que los acusados «profesan con legitimidad democrática»– siguen gobernando la Generalitat.

«La pretendida equiparación entre las medidas cautelares que afectan a los procesados y el encarcelamiento del opositor turco que está en el origen de la sentencia del tribunal europeo, es contemplada por la Sala como una respetable estrategia defensiva, pero carente de viabilidad por la falta de similitud con los hechos que van a ser objeto de enjuiciamiento», zanja el tribunal.

Asimismo, el Supremo descarta que sea aplicable al caso de los presos la censura del TEDH a Turquía por el caso Demirtas. El TEDH sentenció que los tribunales turcos no argumentaron por qué Demirtas debía permanecer en prisión provisional. El Supremo defiende que tanto el juez Llarena, como los magistrados que revisaron sus decisiones y el tribunal del juicio sí se han pronunciado, al contrario que los jueces turcos, sobre la suficiencia de medidas alternativas a la prisión provisional, descartándolas porque el riesgo de fuga y de reiteración delictiva eran más altos.

El debate sobre cómo justificar la prisión provisional de Junqueras es precisamente intenso en el Tribunal Constitucional, que ha pospuesto la resolución del recurso de amparo presentado por el exvicepresident para no interferir en el juicio del 1-O.