El esperado juicio a los líderes independentistas empieza este martes. La vista oral en el Tribunal Supremo será un cóctel con varios ingredientes. El debate entre acusaciones y defensas sobre si en el ‘procés’ hubo violencia o no se mezclará con derivadas políticas de alto voltaje: el juicio arrancará 48 horas después de la marcha de las tres derechas nacionalistas españolas en la plaza Colón. En el banquillo se sentarán dirigentes de JxCat y ERC, partidos que comparten Govern y una lucha intestina para ser la primera fuerza del nacionalismo catalán. Y desde los estrados, el partido de extrema derecha Vox usará el juicio para inflamar más si cabe la campaña electoral de las elecciones de mayo.

Entre las defensas de los líderes acusados ha crecido la convicción de que el juicio será en buena medida incontrolable. Los más de 500 testigos –policías y votantes heridos el 1O, el expresidente Mariano Rajoy, la alcaldesa Ada Codau, el lehendakari Iñigo Urkullu, el vicepresident Pere Aragonès….– alargarán la vista oral más de tres meses, y entre los abogados se da por descontado que el Supremo habilitará más días para el juicio además de los martes, miércoles y jueves inicialmente previstos.

Si PP, Ciudadanos y Vox se manifestaron este domingo, el soberanismo también saldrá a la calle. En su caso, para protestar contra el juicio y cargar contra el Supremo, institución del Estado que ven como el símbolo de la represión a sus líderes. Pero también aquí hay división entre JxCat y ERC. Mientras Quim Torra ha repetido en varias ocasiones que los acusados no tendrán un juicio justo, la consellera de Justicia, Ester Capella, ha dicho no tener “ninguna duda” de que sí lo será.

El Supremo ha puesto todo de su parte para evitar las críticas por falta de imparcialidad tras la polémica instrucción del juez Llarena. Las sesiones se retransmitirán en directo y se procurará dar un trato exquisito tanto a los acusados (que no llegarán esposados a la sala) como a los dirigentes que acudan al juicio (Torra lo hará el martes). Los acusados pasarán los recesos en una sala destinada a conferencias y exposiciones, en la que un restaurante les servirá un menú para comer.

Asimismo, en una decisión con pocos precedentes, el tribunal ha accedido a que los acusados puedan sentarse junto a sus abogados o detrás de ellos para evitar la exposición de estar permanentemente en el banquillo. Eso sí, los acusados en prisión tendrán que ser trasladados a diario desde las cárceles al tribunal, una conducción que les preocupa por el trato que puedan recibir de los agentes de la Guardia Civil.

El tribunal presidido por Manuel Marchena deberá abstraerse del ambiente político bronco: el independentismo desea convertir el juicio en un punto de inflexión para su movimiento, mientras PP, Ciudadanos y Vox usarán la vista oral para cargar más las tintas contra cualquier atisbo de diálogo entre el Gobierno y los independentistas. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, exfiscal de la Audiencia Nacional, ha alertado del riesgo de que las manifestaciones generen “una tensión y presión social no favorable para el sosiego” de los tribunales.

Estrategias distintas

Los dirigentes independentistas encarcelados llegan al juicio con estrategias diferentes, tanto en lo político como en lo judicial. El único punto de unión para los nueve acusados ha sido el deseo de que este juicio llegara cuanto antes. “Por fin nos podremos explicar” ha sido una idea expresada, con una u otra fórmula, por todos ellos. Los procesados huidos, con el expresident Carles Puigdemont a la cabeza, intentarán no quedar en segundo plano con giras por Europea para cargar contra un juicio que ven falto de garantías.

En la sala de vistas, todos los acusados rechazarán haber promovido violencia alguna, tanto la necesaria para condenar por rebelión que cree la Fiscalía como la que sostiene la sedición de la que acusa la Abogacía del Estado. Jugarán, y con ganas, la partida en el Supremo, aunque tienen las esperanzas puestas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo.

El eco electoral de todo lo que pase entre las cuatro paredes de la sala será difícilmente evitable pues, entre los acusados, hay al menos dos candidatos a elecciones inminentes. Oriol Junqueras será el cabeza de lista de la candidatura que su partido, ERC, junto a Bildu y BNG, presentará a las europeas, mientras que Quim Forn será alcaldable a Barcelona del espacio de JxCat y el PDeCAT.

Todo ello en plena competición entre republicanos y posconvergentes para ser la primera fuerza en el soberanismo y tras crisis abiertas precisamente a raíz de las consecuencias de la causa del ‘procés’, como la suspensión de los diputados. El matrimonio de conveniencia de JxCat y ERC seguirá por lo menos hasta la sentencia.

Con todo, Junqueras y Forn, como el restado de acusados, tendrán únicamente dos intervenciones en todo el tiempo que dure el juicio: los interrogatorios y el alegato final. Para quien el juicio será un escaparate electoral casi continuo es para la formación de extrema derecha Vox. Será el propio secretario general del partido, el abogado Javier Ortega Smith, quien vestirá la toga y hará que la voz de la fuerza de extrema derecha entre en el juicio. Será además el único partido político que ejerce de acusación, lo que le dará un altavoz electoral considerable.

Contraria es la situación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, cuya actuación aunque no lo deseen será mirada con lupa por todos los partidos políticos. El Gobierno de Pedro Sánchez ha remarcado la independencia de la que gozan ambos organismos. El juicio será la ocasión para comprobar si la Abogacía del Estado mantiene el perfil bajo que ha mantenido a lo largo de la instrucción y ver cómo se diferencia con su acusación de sedición de la rebelión planteada por los fiscales.

En el caso del ministerio público, el fiscal Javier Zaragoza llevará las riendas de la acusación para tratar de probar que el ‘procés’ fue una rebelión sin armas, pero con la amenaza de la violencia por parte de los Mossos y las manifestaciones “tumultuarias” de la ANC y Òmnium como elementos de presión para doblegar al Estado. Se da por descontado que al final del juicio mantendrán la rebelión, una calificación censurada por no pocos juristas.

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