La Audiencia de Barcelona ha revocado el carpetazo a la investigación sobre el despliegue de la Policía Nacional frente a la sede de la CUP el 20 de septiembre de 2017. Los magistrados han estimado el recurso de la CUP y han ordenado a la jueza la práctica de varias diligencias, entre ellas la declaración como testigos de dos policías que requisaron material de propaganda política del referéndum en la calle, frente a la sede de los anticapitalistas.
En un auto, al que ha tenido acceso eldiario.es, los magistrados de la sección 10 de la Audiencia de Barcelona consideran necesario «aclarar la actuación policial», en especial la de dichos dos agentes y la del responsable policial que envió a los antidisturbios a la sede del partido. En este sentido, la resolución destaca que los dos policías se incautaron de cajas con propaganda del 1-O de la CUP «en vía pública, fuera de la sede del partido» después de que les fuera negada la entrada al local «por ausencia de autorización judicial».
La jueza de instrucción concluyó que la intervención policial se llevó a cabo «en el legítimo ejercicio» de las funciones que la Policía Nacional tenía encargadas por la Fiscalía Superior de Catalunya para impedir el 1-O. En concreto, la orden del fiscal de incautar cualquier tipo de propaganda política, también de particulares, sobre el 1-O.
Dicha orden que afectaba a los particulares no se incluyó una vez el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) asumió el mando para frenar el 1-O el 27 de septiembre. El alto tribunal catalán se centró únicamente en colegios electorales y propaganda de la Generalitat, no de particulares.
La jueza enmarcó la actuación policial «dentro del seguimiento que la Brigada Provincial de Información de Barcelona venía realizando a cerca de las actividades colectivas e individuales relacionadas con el apoyo a la preparación y celebración del referéndum del 1 de octubre», siguiendo las directrices de la Fiscalía.
El pasado 20-S dos agentes de la Policía llevaron a cabo desde las 8:00h. tareas de vigilancia a la sede de la CUP. Al comprobar, sobre las 13:00h., que de la sede salían carteles políticos sobre el 1-O y se cargaban en maleteros de coches, los agentes procedieron a identificar a los conductores de los vehículos.
A esa hora se desplegaron agentes antidisturbios en las calles próximas a la sede, lo que provocó una concentración de militantes cupaires –y también de políticos de otros partidos como Xavier Trias del PDeCAT o Jaume Asens de BComú– para protestar por la presencia de la Unidad de Intervención Policial (UIP). Finalmente, la Policía no entró en la sede de la CUP.
Todo ello ocurrió el pasado 20 de septiembre, jornada en que se produjeron varios registros en sedes de la Generalitat y protestas contra la actuación policial, la más importante frente a la conselleria de Econoomía, que son la base de la acusación por rebelión contra los líderes soberanistas en el Tribunal Supremo. Lo ocurrido en la sede de la CUP, no obstante, no aparece en el escrito de acusación de la Fiscalía.
