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El expresident catalán Carles Puigdemont anunció a principios de mayo una campaña de recogida de firmas en la Unión Europea para tratar de que la Comisión Europea se pronuncie sobre la situación en Catalunya y tome medidas contra España por supuesta vulneración del Estado de derecho.

La campaña pretende hacer que la Comisión Europea (CE) se acabe pronunciando sobre la aplicación el artículo 7 del Tratado de la UE contra España, que puede conllevar a sanciones como suspender el derecho de voto del Estado miembro en el Consejo. Hasta el momento, la activación del artículo 7 solo se ha explorado para los casos de Hungría y Polonia.

Para ello la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y el Consell de la República han presentado una Iniciativa Europea Ciudadana –una suerte de ILP, iniciativa legislativa popular–, que la Comisión ha rechazado este miércoles.

Los organizadores de esta iniciativa, explica la Comisión Europea, «pretenden garantizar que tanto la Comisión como el Parlamento tengan un acabado conocimiento de la situación actual en España […] y la necesidad de activar mecanismos que permitan ayudar a la mejora de la calidad democrática en España y, de esa forma, garantizar los derechos y libertades de las minorías y del conjunto de los ciudadanos españoles a través del Derecho y los instrumentos de la Unión».

Más concretamente, explica Bruselas, «la iniciativa solicita a la Comisión que examine la situación en España y adopte posibles medidas en el contexto de la Comunicación de la Comisión de 2014 titulada Un nuevo marco de la UE para reforzar el Estado de Derecho. En virtud de ese marco, la Comisión puede entablar un diálogo con un Estado miembro para prevenir la aparición de una amenaza sistémica para el Estado de Derecho. Sin embargo, la iniciativa no invita a la Comisión a presentar una propuesta de acto jurídico, que es el único objetivo de las iniciativas ciudadanas europeas».

Así, «la Comisión concluye, por lo tanto, que la iniciativa está manifiestamente fuera del ámbito de competencias de la Comisión para proponer un acto jurídico para la aplicación de los Tratados de la UE, y, por consiguiente, la considera inadmisible».

Puigdemont aseguró a principios de mayo en la presentación de la iniciativa que la medida «no es una estrategia de defensa» en el marco del proceso judicial abierto contra los líderes del desafío secesionista, sino un modo de «interpelar» al conjunto de la ciudadanía europea y una «oportunidad» para que España refuerce su Estado de derecho. Además ha asegurado que si Bruselas no admite el registro administrativo de la iniciativa acudirán al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE).

«El grueso de la ciudadanía catalana, preocupada por la regresión que sufre en sus derechos, se dirige al resto de ciudadanos europeos para que nos ayuden con su firma a defender, de manera egoísta, también su democracia y sus derechos», argumentó el expresident catalán.

La petición denunciaba supuestas vulneraciones de derechos fundamentales en Catalunya por parte del Gobierno español, incluida la violación de la «dignidad humana, la libertad, la democracia, el respeto igualitario de los derechos humanos y de las minorías». 

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