La polarización en el Parlament de Catalunya entre los grupos independentistas y los contrarios a la independencia desde las elecciones de 2015 ha llevado a la Cámara al bloqueo. Debido a esto, el pleno tiene pendiente renovar o nombrar a 106 cargos de los 138 que componen la treintena de organismos de asesoramiento y control de la que se dota el sector público catalán, y cuyos miembros son elegidos por la Cámara a propuesta de los grupos parlamentarios.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha iniciado este miércoles una ronda de contactos con todos los grupos para reclamarles que comiencen a negociar e impulsen las renovaciones atascadas. Para elegir a estos cargos, de forma ideal es necesario contar con mayorías cualificadas de 3/5, aunque en segunda votación pueden aprobarse con mayoría absoluta.

Los organismos a priori más sencillos son aquellos compuestos por varios miembros, como sería el gobierno de la Corporación de TV3 o el Consejo de Garantías Estatutarias, con seis personas, o la Sindicatura de Cuentas, con siete. Más complicado es la renovación de figuras como el defensor del pueblo –Sindic de Greuges–, quien es una sola figura que, por sí sola, debe convencer a tres o cuatro grupos enfrentados.

La situación es especialmente delicada, según explican fuentes parlamentarias, por el ciclo electoral al que se encaminan los partidos. Los necesarios pactos transversales entre formaciones son más difíciles cuanto más se acerca la fecha en la que se enfrentaran en las urnas. Por esta razón, Torrent tiene intención de comenzar ahora a presionar a los grupos para que renueven los cargos más sencillos, dejando para después del periodo estival los que sean más polémicos.

Gobierno y consejo de los medios públicos

El consejo de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), con seis miembros, es una de las piezas más sensibles por su influencia y connotaciones políticas. A esto se le suma el órgano de control de los medios, el Consejo del Audiovisual (CAC) con otros seis miembros, otro lugar muy cotizado por los partidos por su ventana privilegiada a las actuaciones de TV3 y Catalunya Ràdio. Los 12 asientos están caducados y necesitan renovación.

Pese las dificultades, en diciembre pasado los dos grupos independentistas, Ciudadanos y el PSC fueron capaces de llegar a un pacto para renovar de la cúpula de la corporación. Acuerdo que, sin embargo, acabó rompiendo Ciudadanos por el aumento de tensión política contra el gobierno de Pedro Sánchez, pese a que los de Inés Arrimadas incluso habían llegado a elegir a Eladio Jareño como su representante en la la CCMA.

Transparencia, universidades y nueva creación 

Fuera de los organismos más políticos, diversos consejos sociales, asesores y de garantías necesitan también revitalizarse del agotamiento sufrido en los últimos años, además de nombrar a los miembros de los organismos de nueva creación. Entre estos últimos están los cuatro asientos del Consejo Fiscal, la vacante del presidente de la Agencia Catalana de Protección Social y la designación de los siete miembros en el Comité de Expertos sobre el Cambio Climático.

También la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP), institución catalana análoga al Consejo de la Transparencia estatal, se ha quedado con solo dos miembros de los cinco que la componen por estatutos. Y, en paralelo a estos, también los tres miembros de la Autoridad Catalana en Protección de Datos están fuera de plazo. Hay que sumar a esto otros dos consejos culturales, el de la Junta de Museos y el de Cultura y las Artes, que tienen todos o la mayoría de sus miembros caducados.

Por último, los consejos sociales de todas las universidades públicas catalanas están igualmente agotados. En total son ocho organismos, formados por dos personas cada uno que necesitan renovarse. Una de los objetivos de Torrent es que, además de las renovaciones, estas puedan hacerse de acuerdo a condiciones de paridad de géneros, algo que hasta ahora nunca se ha cumplido.

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