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Carpetazo a la querella que la inmobiliaria MK Premium interpuso contra la exconcejala de Ciutat Vella de Barcelona, Gala Pin (BComú). La Audiencia de Barcelona ha corregido la decisión de la jueza de instrucción que dejó a un paso del banquillo a Pin por un presunto delito de calumnias contra la promotora. Los magistrados destacan que las palabras de Pin –que acusó a MK Premium de «coaccionar y asustar» a los vecinos de un bloque del Raval para echarlos– están amparadas por la libertad de expresión, por lo que archivan el caso.

Pero además, los magistrados constatan que el «objetivo crematístico», esto es, económico, de MK Premium era «patente» en el caso del bloque de la calle Lancaster del Raval, y que Pin tan solo amplificó en televisión las denuncias de ‘mobbing’ de los vecinos, que los magistrados no ven para nada infundadas. 

En primer lugar, destaca el auto, porque el propio administrador de MK Premium reconoció que había alcanzado un acuerdo para que varios vecinos del inmueble con contrato de alquiler en vigor abandonaran sus viviendas a cambio de una indemnización. Y en segundo lugar, porque de las denuncias de los vecinos que se quedaron en el edificio de la calle Lancaster sí hay indicios que permitan sostener que la empresa llevó a cabo prácticas de ‘mobbing’.

En este sentido, los magistrados recuerdan que la empresa acumula denuncias en los juzgados por parte de los vecinos que resistían en el edificio e inspecciones municipales por las obras que llevó a cabo, y que según los inquilinos no tenían otro objetivo que fomentar que se marcharan. Cabe recordar que en Lancaster 13 los vecinos tuvieron que convivir durante más de diez días con inundaciones tras la rotura de una cañería, que la sociedad propietaria se resistió a arreglar.

A criterio de los magistrados, las denuncias de los vecinos de las que se hizo eco Pin en un agrio debate en TV3 con el administrador de MK Premium, Daniel Leiva, que dio origen a la querella, no son «acciones gratuitas o innecesarias» por parte de la inmobiliaria, por lo que no están «totalmente desvinculadas del problema con evidente trascendencia social que supone el ‘mobbing’ inmobiliario y la gentrificación de la ciudad».

Es más, para que las palabras de Pin pudieran llegar a ser una calumnia, los magistrados recuerdan que haría falta que los actos de ‘mobbing’ denunciados «no se encontraran en apoyos tangibles o informaciones nada contrastadas». «Y éste no es el caso», apostillan los togados, pues no solo «se constata» la existencia de un problema relacionado con uno de los vecinos que denunció por ‘mobbing’ a MK Premium, sino que a este mismo vecino la empresa le rechazaba el alquiler desde hacía varios meses, algo que para las jueces «puede llevar a pensar que se hace para fundar una futura demanda de desahucio por falta de pago de la rentas».

Y apostillan los magistrados que el tratamiento psicológico que tuvo que recibir una de las vecinas del inmueble por las prácticas de MK Premium «contribuiría a pensar en la seriedad de la existencia de un acto coactivo o de presión para forzar el abandono del inmueble».

Por todo ello, Pin no buscaba «deshonrar» a la empresa, sino «informar de problemática social», concluyen los togados, que destacan además que las palabras de Pin están especialmente amparadas por la libertad de expresión y más tratándose de un cargo público «cuya actuación está encaminada a acabar con el problema de la especulación y gentrificación inmobiliaria».

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