La Generalitat ha difundido este martes, en el marco de la mesa de partidos catalanes que debaten sobre el proceso soberanista, la lista de 21 puntos que el president Quim Torra trasladó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su reunión el pasado 20 de diciembre en el palacio de Pedralbes.

De la lista destaca un punto que el Ejecutivo central ya ha rechazado abordar, como es el referéndum de autodeterminación, así como otras iniciativas para lograr la separación de poderes y la “desfranquización” de España. Asimismo, el Govern muestra cierto compromiso para contribuir a la gobernabilidad de España y de renuncia a la vía unilateral al plantear “revertir el retroceso de la calidad democrática de España” o “frenar el deterioro de la imagen de España en el mundo”.

Los 21 puntos se dividen en tres apartados: “Una respuesta democrática para Catalunya”; el segundo, “La necesidad de una regeneración democrática de España”, y el tercero, “La desfranquización de España, un reto pendiente”. En el primer epígrafe Torra solicita “no gobernar contra Catalunya”, reconocer y hacer efectivo el derecho de autodeterminación; la mediación internacional y el “respeto a las instituciones catalanas y la renuncia a otro 155”. Se reclama además investigar los abusos policiales y dejar atrás la vía judicial contra el independentismo.

En el segundo apartado, el presidente reclama impulsar un compromiso a favor de la ética política, garantizar la separación de poderes y “poner fin a la limitación de derechos fundamentales y revertir el retroceso de la calidad democrática en España”. Este apartado también reclama “frenar el deterioro de la imagen de España en el mundo y poner fin a la complicidad de los cuerpos policiales y el aparato judicial con la ultraderecha”, garantizar la independencia judicial y asegurar el respeto a los Derechos Humanos.

El tercer apartado critica que “la sombra y la influencia de la cultura franquista pervive y es incompatible con la plenitud democrática de España”, se lamenta que hay indolencia con el fascismo, a juicio del Govern, y se pide aislar y denunciar a grupos neofascistas. También se solicita acabar con “los privilegios derivados del franquismo”, emprender un proceso explícito de ‘desfranquización’ y un debate sobre la monarquía, la nulidad de los juicios del franquismo, y hacer efectiva una política de fosas comunes.

El documento concluye que el Gobierno central debe pasar del “no a todo” a negociar y a dialogar con la Generalitat sin límites y sin condiciones, y exige admitir que existe en el Estado un problema de calidad democrática que hay que resolver. “El Estado tiene que abordar de una vez por todas la verdad sobre su pasado y hacer justicia con sus víctimas y abordar cambios estructurales en las instituciones”, concluye el documento, que insiste en criticar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, de 2010.

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