Los dos magistrados del Tribunal Supremo que juzgan la causa del procés y que al mismo tiempo forman parte de la Junta Electoral Central (JEC) no tomaron parte en la deliberación sobre la retirada de todas las banderas esteladas y lazos amarillos y también se apartarán de todas aquellas cuestiones que aborde el organismo y que afecten o estén relacionadas con el procedimiento judicial.

Según han informado fuentes jurídicas, los magistrados Luciano Varela y Ana Ferrer, que fueron elegidos por sorteo como representantes de la Sala II (de lo Penal) del Supremo ante la Junta Electoral Central, se abstuvieron de intervenir en la reunión del lunes de este organismo y tampoco votaron la petición de Ciudadanos, que se quejaba de la exhibición en Cataluña de símbolos ideológicos o partidistas en edificios y espacios públicos.

La Junta, encargada de vigilar el periodo electoral, está compuesta por ocho magistrados del Tribunal Supremo elegidos por sorteo, cinco catedráticos propuestos por los grupos y nombrados por el Congreso de los Diputados, y otros dos miembros natos que no tienen voto.

El máximo órgano arbitral del procedimiento electoral se reunió ayer a la una de la tarde en el Congreso de los Diputados, razón por la cual el juicio del ‘procés’ tuvo que suspenderse durante unas horas, ya que no puede celebrarse si no están presentes los siete magistrados del tribunal.

En la resolución que dictó la Junta se recuerda que, tanto el lazo amarillo por los presos del proceso independentista, como la bandera ‘estelada’ de los independentistas «son símbolos partidistas utilizados por formaciones electorales concurrentes a las elecciones».

Esta decisión, y todas las que tenga que tomar la Junta en el futuro que afecten o tengan relación con el procedimiento judicial que se sigue en el Supremo, no contarán con la intervención de Luciano Varela y Ana Ferrer por ser ambos parte del tribunal que juzga a los exdirigentes catalanes.

El Govern no precisa su respuesta

Por su lado, la portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha afirmado que la Generalitat está trabajando con los servicios jurídicos en una respuesta «claramente combativa» a la orden de retirar en 48 horas los lazos amarillos y las «esteladas» e edificios públicos. «No puede ser que se interfiera de este modo en nuestra forma de vivir y hacer política», ha criticado.

Artadi, que ha calificado la demanda de la JEC de «ridícula», ha detallado que tiene previsto reunirse esta tarde con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, para concretar, en base a los consejos de los servicios jurídicos y los precedentes de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre de 2017, la decisión que adoptarán.

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