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El Ayuntamiento de Barcelona está hoy más cerca de cobrar la primera multa impuesta a una compañía eléctrica por no cumplir la ley catalana de pobreza energética. Una primera sentencia ha dado la razón al consistorio y obliga a la empresa Endesa Energía XXI SLU a pagar 10.001 euros por haber cortado el suministro a un hogar sin haber pedido antes un informe a los servicios sociales.
El juez de lo contencioso-administrativo número 15 de Barcelona concluye en su fallo que, tal como recogía el expediente sancionador abierto por el consistorio, Endesa incumplió el artículo 6.4 de la ley catalana de emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. En él se establece que la empresa, antes de realizar un corte por impagos, «debe solicitar previamente un informe a los servicios sociales municipales para determinar si la persona o unidad familiar se encuentra en una de las situaciones de riesgo de exclusión social». Y la compañía no lo hizo.
La sentencia sí estima sin embargo una parte del recurso planteado por Endesa Energía contra la sanción, la que tiene que ver con el importe. Pese a que el Ayuntamiento les multó con 30.000 euros, el juez lo rebaja a 10.001, el mínimo que el Código de Consumo prevé para las infracciones graves. El magistrado argumenta que lo hace para no conculcar el principio de «no discriminación» al haber dictado sentencias por casos «prácticamente idénticos» por ese mismo montante.
El Ayuntamiento de Barcelona tiene en la actualidad abiertos un total de 19 expedientes a compañías eléctricas por incumplimiento de la ley de pobreza energética, en la mayoría de casos por no pedir el informe sobre vulnerabilidad. Otros 9 casos están ya cerrados a la espera de cobro o de nuevas sentencias. Las empresas con más sanciones son Endesa y Naturgy.
El de Barcelona no es el único consistorio que ha recibido ya alguna sentencia. Sabadell, pionero también en estas sanciones, contaba a principios de año con tres sentencias favorables y cuatro desfavorables. A esas mismas fechas, la Generalitat, por su parte, había cobrado 33 de las 145 sanciones incoadas. Fuentes de Endesa admitían entonces haber podido cometer «errores» al tener miles de contratados, pero aseguraban que en todos los casos piden el mencionado informe.
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