El expresident de la Generalitat y líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo en el que acusa al president del Parlament, Roger Torrent y a la Mesa de la Cámara de haber vulnerado sus derechos políticos. La controversia se refiere a la decisión tomada por la Mesa el pasado 9 de octubre para retirar a los diputados suspendidos por el juez Llarena la posibilidad de delegar el voto y que ya causó un cisma entre ERC y JxCat.

El recurso de amparo fue registrado el pasado 9 de enero, y se suma a un escrito anterior que el expresident había hecho contra el auto de Llarena y que se ha admitido a trámite este lunes. Sin embargo, en el nuevo documento, al que ha tenido acceso eldiario.es y que los magistrados aún no han debatido, Puigdemont no solo carga contra el Supremo. También lo hace contra la Mesa del Parlament, controlada por la mayoría independentista.

En concreto, Puigdemont sostiene que la Mesa no tenía competencias para retirar su voto delegado, ya que el pleno había rechazado unos días antes su suspensión como diputado acordada por el Tribunal Supremo. De esta forma, considera el expresident, sus derechos estaban tan intactos como los de cualquier otro diputado, por lo que la Mesa se los lesionó –y lesiona todavía a día de hoy– al impedirle votar.

Se trata de la primera vez que uno de los líderes independentistas presenta un recurso de amparo por derechos fundamentales ante el Constitucional contra decisiones tomadas por una institución que el independentismo controla con mayoría suficiente.

Desde JxCat rebajan la importancia del recurso asegurando que se trata más bien de una ampliación del interpuesto contra el auto de suspensión de los diputados firmado por Llarena. «Es un paso imprescindible para defender los derechos del president en instancias internacionales. Se trata de una decisión técnica», afirman fuentes oficiales de la formación, que en todo momento desvinculan el recurso de la pugna con ERC. Estas mismas fuentes explican que el vicepresidente del Parlament Josep Costa (JxCat) trasladó a Torrent que se interpondría un recurso contra el acuerdo de la Mesa del mes de octubre.

Sin embargo, fuentes de la presidencia del Parlament consultadas por este diario niegan esta versión y aseguran que Roger Torrent no estaba al corriente de que sus socios de JxCat habían interpuesto un nuevo recurso que cuestiona una decisión tomada, entro otros, por él.

La petición de amparo ante el Tribunal Constitucional es el último capítulo en la guerra que JxCat y ERC protagonizaron durante el inicio del curso a raíz de las suspensiones de diputados y que, como deja ver el recurso, aún no se ha cerrado. El grupo de Puigdemont no ha perdonado a Torrent y a ERC que el 9 de octubre se aliasen en la Mesa con el PSC para, gracias a la abstención de Ciudadanos, forzar a que los diputados suspendidos por Llarena aceptasen ser «sustituidos» a riesgo de perder el voto.

De hecho lo que ocurrió fue, precisamente, que los cuatro diputados afectados por la resolución de Llarena, como son el propio Puigdemont además de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, rechazaron ser sustituidos por lo que perdieron la facultad de votar. Mientras, los diputado de ERC Oriol Junqueras y Raül Romeva sí registraron escritos admitiendo ser sustituidos, por lo que el grupo republicano ha mantenido los votos de estos, ahora ejercidos por el diputado Sergi Sabrià. Pese a esto, de los diputados de JxCat que han perdido el voto solo Puigdemont, por el momento, ha pedido amparo al Constitucional contra la Mesa.

Una decisión «arbitraria y sin base jurídica»

El recurso registrado ante el Constitucional, firmado por el abogado Jaume Alonso-Cuevillas, hace una denuncia habitual en el independentismo pero que, por primera vez, no se dirige contra las instituciones del Estado como los tribunales, el Gobierno o las Cortes, sino que lo hace contra una institución catalana con mayoría independentista. De hecho, la argumentación es especialmente afilada a la hora de cargar contra la actuación de la Mesa, que se tilda de «arbitraria, sin base jurídica y sin motivación válida de cualquier tipo».

Puigdemont va más allá para señalar que la decisión tomada por los representantes de ERC y PSC, comenzando por el propio Torrent, revocó la decisión votada por mayoría absoluta en el pleno contraria a suspender a los diputados. Retirar su delegación de voto se hizo, asegura, «de manera totalmente arbitraria, sin ninguna garantía y prescindiendo absolutamente del procedimiento reglamentariamente establecido». El expresident se explaya a la hora de explicar por qué a su juicio la Mesa no es competente para tomar esta decisión, y menos contra una decisión del Pleno.

Por todo ello, el líder de JxCat manifiesta su convencimiento de que no solo se han vulnerado sus derechos, sino también los de sus votantes y, adicionalmente, el del conjunto de los diputados del pleno a los que la Mesa habría sustraído su soberanía para tomar decisiones que afectan a la Cámara.

Una guerra en el Parlament que agrieta el Govern

La bronca entre los socios del Govern por el tema de las suspensiones comenzó en julio, cuando Torrent acabó no celebrando un pleno por no ponerse de acuerdo entre los grupos sobre quién podía votar. Durante todo el verano, ambos partidos trataron de consensuar una solución, debido a que JxCat apostaba por no aceptar las suspensiones mientras ERC quería evitar poner en riesgo penal a Torrent. Finalmente el acuerdo de compromiso llegó el 2 de octubre, cuando el pleno votó para rechazar las suspensiones de todos los diputados, habilitando una fórmula para que fueran «sustituidos».

No obstante, una vez el Parlament declaró que no estaban suspendidos, los diputados de JxCat rechazaron acogerse a la fórmula de la sustitución, asegurando que simplemente deseaban mantener la delegación de voto concedida por la Mesa en mayo. Pero esta opción fue atajada por Torrent y la Mesa que, a petición del PSC, reclamaron un informe a los letrados. Estos se opusieron a la posibilidad de que los diputados afectados por la resolución de Llarena pudieran mantener el voto delegado y, en vista de esto, ERC y PSC acordaron solo permitir votar a los que aceptaran la «sustitución».

Este episodio rompió las relaciones entre JxCat y ERC en el Parlament, lanzándose agrios reproches cruzados y enfrentando a las direcciones de los grupos y a sus representantes en la Mesa. Pero, además, la batalla pasó una importante factura a la cohesión del Govern. No solo por la imagen de falta de objetivos compartidos, sino sobre todo porque le hizo perder la mayoría en la Cámara y dejó su capacidad legislativa a merced ya no de la CUP sino sobre todo de los ‘comuns’. En el Govern aún un partido culpa al otro de esta circunstancia.

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