El president de la Generalitat, Quim Torra, ha trasladado este miércoles a la Junta Electoral Central que por el momento no retirará los lazos amarillos ni las banderas ‘estelades’ de las fachadas de los edificios públicos. Según considera, retirarlos sería igual de partidista que ponerlos, pues estaría dando la razón a las formaciones que han hecho una causa política contra los símbolos en favor de la liberación de los presos independentistas. 

En su escrito, el jefe de la Generalitat considera que la orden de la Junta Electoral no garantiza la neutralidad política sino que toma partido, dando la razón a las formaciones que han “atacado sistemáticamente este tipo de manifestación pública”. “La prohibición implica, por ende, el reconocimiento a los ideales de unos partidos que concurren a las elecciones”, asegura Torra.

El president aún ofrece dos argumentos más para reclamar a la Junta Electoral que revoque la resolución del pasado lunes. Por una lado, sobre la bandera independentista con una estella, el jefe del Govern asegura que ha sido reconocida por el Parlament como un símbolo que representa una “reivindicación democrática, legítima, legal y no violenta”, por lo que no puede considerarse símbolo de ningún partido en concreto.

En segundo lugar, Torra traslada la “dificultad legal” para cumplir con la resolución “en sus justos términos”, debido a que buena parte de los edificios públicos en terreno catalán no son propiedad de la Generalitat ni están gestionados por esta administración. Por último, el president asegura que tiene la obligación de respetar el derecho a la libertad de expresión de los empleados públicos, entendiendo por parte del Govern que ese personal de la administración está amparado a poner lazos o símbolos.

Torra se manifiesta de esta forma después de que la Junta Electoral ordenara, este lunes, retirar los lazos amarillos y las banderas independentistas. La Junta aseguró, después de ser requerido por parte de Ciudadanos, que estos son “símbolos partidistas utilizados por formaciones electorales concurrentes a las elecciones”. El president tenía dos días de plazo para cumplir el mandato legal, que ha acabado este miércoles. A partir de aquí y de continuar negándose a retirar los símbolos, Torra podría enfrentarse a un delito de desobediencia.

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