La Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública (GAIP), máximo órgano catalán para velar por el cumplimiento de la ley de transparencia, lleva desde el 21 de septiembre pasado exigiendo a la Universidad Autònoma de Barcelona (UAB) que entregue la documentación de los contratos suscritos por el grupo de investigación de la catedrática Teresa Freixes en varios de sus proyectos. Pese a que todas las advertencias realizadas por el organismo han sido desoídas, desde el pasado febrero la universidad ha abierto un expediente a la académica para esclarecer la contratación.

Tal y como avanzó eldiario.es este miércoles, el Grupo de Investigación de Derecho Constitucional Europeo, dirigido por Freixes, suscribió contratos en favor de la empresa Instituto Europeo de Derecho, fundada por ella misma y gestionada en la actualidad por su hija, quien también está en nómina de la universidad, como profesora asociada y como técnica. La UAB investiga ahora las posibles irregularidades derivadas de estas adjudicaciones después de que Transparencia les advirtiese de posibles sanciones si no entregaban la documentación.

Sin embargo, la institución académica ha evitado durante casi un año revelar las facturas de varios de los proyectos realizados por Freixes y su grupo, solicitadas por eldiario.es, incluso tras ser exigidos por la Comisión de Transparencia en septiembre pasado. La autoridad catalana en transparencia trasladó en diversas ocasiones a la universidad que no podían negarse a dar acceso a una información que debía ser pública y, en enero, llegó a advertir al secretario general de la UAB de posibles sanciones si continuaba ocultando la información.

En concreto, se trata de facturas y justificantes de siete proyectos y publicaciones. Las facturas no se han aportado en ningún caso, mientras que algunos justificantes sí, concretamente los que hacen referencia a proyectos como “Protection of the gender-based violence victims in the European Union” o “Constitucionalismo multinivel y relaciones entre parlamentos”. Pero aun así esa documentación se facilita con los nombres de los adjudicatarios tachados, es decir, anonimizada, en contra del criterio de la Autoridad Catalana de Protección de Datos.

La UAB responde a Transparencia con el expediente

Fue solo tras la advertencia de la Comisión de Transparencia de que podían estar incurriendo en infracciones legales cuando desde la Universidad decidieron abrir el expediente a Freixes. Pero, una semanas antes, los máximos órganos rectores de la UAB negaban que hubiera ninguna posible irregularidad en las contrataciones del grupo de Freixes.

Contactados por este diario en enero pasado, desde la Universidad se aseguró que no facilitarían en ningún caso la información solicitada, asegurando que disponían de informes jurídicos para sostener su postura. Concretamente, la UAB se amparaba en una sentencia de la Audiencia Nacional que limita el derecho al acceso a información del Ejército a partir de la entrada en vigor de la ley de transparencia. Hacían así caso omiso a las diversas resoluciones y comunicaciones de la GAIP, que mantiene el criterio contrario y considera como información pública toda la que se halle actualmente bajo custodia de las instituciones públicas.

Por esta razón, en el curso de la investigación comenzada por este diario, la Universidad fue también requerida a entregar copia de toda la información de la que disponga sobre proyectos realizados por Freixes, algo a lo que la universidad contestó que en la actualidad la catedrática no tiene ningún proyecto abierto. Sin embargo, la ley de archivos obliga a mantener al menos las facturas aportadas en los últimos cinco años. Al menos dos de las contrataciones con el Instituto Europeo de Derecho acreditadas por eldiario.es se produjeron en ese periodo.

Sin respuesta de Freixes y la UAB 

En conjunto, según la información recabada, el grupo de Freixes contrató a esta sociedad en cuatro ocasiones, entre 2013 y 2015, dentro del proyecto “Protection of the gender-based violence victims in the European Union”. El montante abonado por el conjunto de esos servicios, según ha podido comprobar eldiario.es, asciende en total a 18.347 euros. 

Además, en el grupo de investigación que lidera esta catedrática destaca, entre la sesentena de colaboradores, la participación de tres de sus hermanos: Jordi, Javier y Miracle Freixes. También su hija, Nuria Saura, es técnica de apoyo a la investigación en el mismo grupo, puesto que compagina con el de profesora asociada en la universidad, lo que la convierte en una ‘falsa asociada’. 

Preguntada sobre la colaboración de sus familiares, la UAB se limitó a afirmar que la participación de los colaboradores no tiene por qué ser remunerada, y que en cualquier caso la de los tres hermanos está justificada por su currículum (Jordi y Javier son reconocidos juristas, mientras que Miracle es profesora de francés). Este diario pudo contrastar que al menos en uno de sus trabajos para el grupo, Javier Freixes percibió 2.271 euros. 

Más allá de su recorrido dentro de la academia, la catedrática Freixes ha adquirido relevancia pública recientemente como activista contra el independentismo. En octubre de 2017 lanzó la plataforma Concordia Cívica, que pretendía aglutinar a las distintas entidades constitucionalistas en Catalunya, y desde entonces ha participado en actos del PP y sobre todo de Ciudadanos, en la plataforma España Ciudadana.

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