Jordi Turull entró en la cocina del 1-O a tres meses de la consulta pero no se enteró de lo que pasaba. Así lo ha defendido el exconseller de Presidencia, número tres del Govern de Puigdemont, este martes en su largo interrogatorio en el Tribunal Supremo, donde ha emulado la estrategia seguida por el expresident Artur Mas en su juicio por el 9-N hace dos años: negar o descargar en terceros la mayor parte de los hechos imputados por la Fiscalía, y enmarcar los que sí reconoce dentro de la legalidad. 

Tanto Artur Mas como Jordi Turull se han desentendido de la organización de las respectivas consultas. Ante el TSJC, el expresident dejó en manos de los 40.000 voluntarios del 9-N la logística de la votación. El exconseller de Presidencia también se ha desvinculado de las responsabilidades sobre las urnas, el censo y el registro de voluntarios para el 1-O.

Lo ha hecho, además, diferenciando, al igual que Mas, entre el impulso político de las consultas y su actuación una vez el Constitucional las había suspendido. Mas se declaró «ideólogo y responsable político» del 9-N, pero explicó que cuando el Constitucional entró en escena «se dio la oportunidad a los ciudadanos de organizar un proceso participativo».

Para Turull, una cosa es la «implicación» del Govern en el 1-O y otra distinta haber ejecutado sus consecuencias. En este sentido, Turull insistió en que el Govern «no desarrolló ningún elemento fáctico» de la votación, tampoco el decreto de convocatoria y el acuerdo que firmaron todos los exconsellers el 6 de septiembre, que habilitada a la Generalitat a gastar dinero público en el referéndum.

Además, Turull ha insistido en que dicho acuerdo se firmó un día antes de que el Constitucional lo suspendiera, por lo que rubricarlo no era, a su juicio, desobedecer al tribunal de garantías. «Cuando firmamos el decreto y el acuerdo la ley del referéndum no estaba suspendida», ha repetido en dos ocasiones.

Y cuando ha tocado entrar en materia, Turull ha dicho no saber nada de los aspectos logísticos claves de la votación, que ha deslindado por completo de la acción del Govern. El fiscal Jaime Moreno ha puesto en duda las tesis exculpatorias de Turull y le ha lanzado una batería de preguntas que el exconseller ha esquivado con evasivas.

«No lo sé, no lo sé», ha respondido sobre quién encargó el censo universal que el propio Turull anunció a los medios en la mañana del 1-O. «Ese día también dije que había urnas y yo no las había visto. No sé desde dónde se hizo el censo universal ni las urnas, desde mi departamento no se hizo», ha agregado. Si no sabía nada de dónde salieron, menos aún de cómo se pagaron (y por lo tanto de la presunta malversación). «No se gastó ni un euro en el referéndum», ha defendido Turull, tal y como hiciera Oriol Junqueras.

Asimismo, Turull ha desplegado una peculiar tesis para desmentir el resto de aspectos de la rebelión con malversación de fondos públicos de los que le acusa el fiscal, por la que le pide 16 años de cárcel. La publicidad del referéndum del 1-O, ha sostenido, no costó dinero a la Generalitat porque era un servicio público como las campañas de tráfico y porque se «reaprovechó» una campaña previa sobre civismo que había quedado desierta. En cualquier caso, ha rematado, todo se efectuó antes de la suspensión del 1-O. 

También fue anterior al auto del Constitucional que impedía la consulta el impulso del registro de voluntarios, que Turull además ha desvinculado del 1-O al ligarlo a campañas de voluntariado de asuntos no relacionados con la votación. Sobre las facturas de las notificaciones para los miembros de las mesas, Turull ha expuesto como prueba de descargo el hecho de que la empresa de mensajería no reclame el dinero a la Generalitat.

Mas, en su juicio, no dejó de insistir en que los aspectos que sí impulsó la Generalitat, como las urnas de cartón, se acordaron antes de que el Constitucional suspendiera la consulta. Y Turull ha tomado la misma senda aprovechando que, a diferencia de otros miembros el Govern, él entró en el Ejecutivo catalán a tres meses del 1-O y solo recibió un aviso del Constitucional para no impulsar la votación, frente a la media docena que tenían el resto de consellers. «Cuando llega la sentencia del Constitucional sobre los presupuestos el 5 de julio yo no era conseller», ha defendido.

En cuanto a los incumplimientos del Govern sobre las resoluciones del Constitucional, Turull ha aludido a «un ejercicio de ponderación». «Un político debe ponderar todas las leyes», ha dicho, en referencia a que el Govern «se debe al Parlamento de Catalunya». Además, ha continuado, el Congreso español había despenalizado en 2005 convocar referéndums. «Ponderar que votar nunca puede ser un ilícito en una democracia, ponderar lo que es nuestro compromiso con los ciudadanos de Catalunya», ha dicho.

Romeva, en la línea de Junqueras

Turull y el resto de acusados tienen un dilema: la defensa que más les conviene para intentar salir absueltos puede resultar desastrosa políticamente, más en medio de la pugna total entre JxCat y ERC por liderar el espacio independentista. El exconseller de Exteriores Raül Romeva ha seguido la línea marcada por Oriol Junqueras y ha renunciado a la defensa jurídica para realizar un alegato político en defensa del derecho a la autodeterminación de Catalunya. 

Al responder solo las preguntas de su abogado, Andreu Van den Eynde, Romeva no ha entrado a valorar los gastos en el alojamiento y minutas de los observadores internacionales del 1-O de los que le acusa la Fiscalía. En lo que sí han coincidido Turull y Romeva es en quitar valor a la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), la consumación del delito de rebelión para los fiscales y que ambos acusados han rebajado a una «expresión política» como cualquier otra que se vota en un Parlamento.

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