La instrucción de la causa sobre los preparativos del 1-O del juzgado 13 de Barcelona estaba a punto de concluir, pero al fallecimiento del juez Juan Antonio Ramírez Sunyer en noviembre pasado le ha seguido un nuevo contratiempo, en este caso procesal. Un recurso de Vox contra la decisión del juez de no imputar a Artur Mas ha paralizado la causa, que no se retomará hasta la decisión de la Audiencia de Barcelona sobre el expresident de la Generalitat.

En una providencia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, el juez Sergi Casares, que comanda el juzgado mientras no se incorpore la nueva titular, la magistrada Alejandra Gil, decreta la «paralización de la tramitación» de la causa hasta que la Audiencia de Barcelona no resuelva el recurso del partido de extrema derecha, que ejerce la acusación popular.

En consecuencia, han quedado suspendidas sin nueva fecha las declaraciones como imputados previstas este miércoles de los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y Saül Gordillo, por los anuncios institucionales del 1-O que emitieron los medios públicos catalanes, han informado fuentes judiciales a este diario.

El juez Ramírez Sunyer rechazó en septiembre la querella de Vox para incluir en la causa de los preparativos a Mas y a la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independència (AMI), Neus Lloveras. Vox quería que se les investigara por rebelión, pero el juez recordó que no era competente para hacerlo, sino que el caso tendría que llevarse a la Audiencia Nacional. Ramírez Sunyer tuvo que descartar la rebelión, tras investigarla más de un año, después de que el Tribunal Supremo rechazara su exposición razonada para investigar por este delito a los exaltos cargos Josep Maria Jové y Lluís Salvadó.

En círculos judiciales se da por descontado que los magistrados de la sección 2 de la Audiencia de Barcelona, la encargada de resolver los recursos de apelación sobre la causa del 1-O, confirmará la negativa del juez a investigar a Mas y Lloveras, habida cuenta a lo largo de la instrucción han respaldado la práctica totalidad de decisiones del juez Ramírez Sunyer cuestionadas por las defensas.

No habrá jurado popular

Por otro lado, los mismos magistrados de la Audiencia de Barcelona que deberán decidir sobre Artur Mas han rechazado los recursos de algunos empresarios investigados para que la causa de los preparativos del 1-O se juzgará mediante un jurado popular. Los magistrados resolvieron a mediados de diciembre los recursos presentados en octubre por las defensas. Si tardan lo mismo para el recurso de Vox, la decisión sobre Artur Mas no se conocerá al menos hasta febrero.

Varios empresarios y altos cargos imputados pedían ser juzgados por un jurado popular porque el juez les imputaba sin motivo, al no ser cargos públicos, el delito de prevaricación (dictar una resolución arbitraria a sabiendas). Si terminaban procesados por este delito, serían juzgados por un tribunal de magistrados. Pero si solo lo estaban por malversación se sentarían en el banquillo ante un jurado.

Los magistrados, en línea con la Fiscalía, descartan las tesis de los imputados ya que, aunque todavía no se ha concretado el delito de prevaricación sobre los empresarios, en cualquier caso este delito se encuentra «en íntima conexión» con la malversación de fondos públicos que también se investiga, por lo que ambos delitos no pueden juzgarse por separado.

En conjunto, la causa del juzgado de instrucción 13 de Barcelona acumula ya 43 imputados, entre altos cargos, asesores y empresarios. Será la nueva jueza, Alejandra Gil, quien decida si van a juicio a no cuando redacte el auto de conclusión de sumario, una de sus primeras tareas cuando asuma la plaza del fallecido Ramírez Sunyer.

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