La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera recoge que el saldo positivo de las administraciones tiene que ser destinado a amortizar deuda. Sin embargo, contempla una excepción: las denominadas inversiones financieramente sostenibles.

Se trata de inversiones con una vida útil igual o superior a cinco años que se financian con el superávit de las entidades locales y comunidades autónomas. Durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, permiten a la administración en cuestión cumplir los objetivos de estabilidad y deuda pública.

Estas inversiones deben ser económicamente sostenibles a lo largo de la vida útil de la inversión y no computan el gasto a efectos de la aplicación de la regla de gasto, aunque sí a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Para permitir a los municipios y a las comunidades autónomas beneficiarse de esta medida, el Gobierno aprueba este Real Decreto-ley que habilita a estas entidades a reinvertir su saldo positivo.

Estas se podrán destinar a la prestación de servicios esenciales, como pueden ser alcantarillado, abastecimiento de agua, recogida de residuos o alumbrado público, mejora de los sistemas productivos y de los diversos sectores, infraestructuras de transporte, centros docentes, asistencia social primaria, recursos hidráulicos o sociedad de la información, entre otros ámbitos.