La conocida como “cláusula de salvaguarda” es una garantía legal incluida en la reforma de pensiones de 2011 acordada entre sindicatos, empresarios y el Gobierno de aquel momento, por la que se garantizaba que aquellas personas que habían sido despedidas antes de la entrada en vigor de la nueva ley pudiesen jubilarse con los requisitos en vigor en aquel momento, o después como consecuencia de ERES previos a la misma. El objetivo de esta medida es garantizar la protección social de los trabajadores de edad avanzada despedidos, de modo que para jubilarse no se les exigiese requisitos distintos a los que ya tenían en el momento que determinó el despido.

Esta cláusula legal ha dado seguridad jurídica a todas las personas que se vieron afectadas en su día por despidos colectivos en los que se establecían un marco concreto de protección social y el acceso a la jubilación con unas reglas dadas. En muchos casos la adhesión a estos despidos colectivos fue voluntaria y evitó situaciones que de otro modo probablemente hubiesen provocado conflictos sociales más graves en las empresas en aquel momento.

La limitación temporal de los efectos de la cláusula de salvaguarda, que primero impuso el PP hasta 2018 y posteriormente el PSOE amplió hasta el 31 de diciembre de 2019, afecta a miles de de personas despedidas que no han podido volver a encontrar un empleo.

CCOO recuerda al Gobierno que esta situación debería haberse resuelto mucho antes, suprimiendo definitivamente la limitación temporal de la cláusula y estableciendo el derecho de opción de las personas afectadas. Y, de la misma forma, el sindicato recuerda que el tiempo útil para resolver esta cuestión finaliza en el Consejo de Ministros del próximo viernes, 27 de diciembre, tras el cual tan sólo quedan cuatro días para que los afectados puedan tomar la decisión para poder solicitar la jubilación con las reglas pactadas en su día o las actualmente en vigor.