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El gobierno chino decide de la noche a la mañana forzar a toda su industria educativa y de edtech, una industria en fuerte desarrollo de más de cien mil millones de dólares, a convertirse en compañías sin ánimo de lucro, sin inversión extranjera, sin posibilidad de levantar capital y sin poder salir a mercados extranjeros.

La decisión, como otras anteriores sobre otras de sus compañías, hace caer brutalmente la valoración de esas empresas y lleva a fondos de inversión y a inversores de todo el mundo a perder irremisiblemente importantes cantidades de dinero, y a hacerlo además en un entorno en el que no existe ninguna protección jurídica posible.

¿Qué ha provocado la reacción del gobierno chino con respecto a su sector educativo? El ministro de Educación, en la comunicación del nuevo marco normativo, se ha limitado a decir vagamente que «en los últimos años ha habido grandes inversiones de una gran cantidad de capital en la formación educativa (…) la publicidad está por todas partes, bombardeando a toda la sociedad (…) Ha destruido el entorno normal para la educación». Alegaciones que pueden ser perfectamente ciertas o incluso preocupantes según cómo se interpreten, pero que nadie esperaba fuesen utilizadas para justificar unas medidas como las anunciadas

Todos aquellos que en algún momento interpretaron el crecimiento de China y su descomunal mercado interno como una oportunidad de inversión interesante están saliendo profundamente escaldados ante la evidente vocación del gobierno de Beijing por ser completamente impredecible. La decisión del gobierno chino de prohibir a las compañías educativas utilizar estructuras como las entidades de interés variable o los American Depositary Receipts para obtener fondos de inversores o de mercados extranjeros suena, tras la reciente debacle de DiDi, a todo un presagio brutal: en los mercados bursátiles norteamericanos hay más de 250 compañías chinas, con una valoración total cercana a los 2.1 billones de dólares.

Cuando no es un cambio legislativo, es un viraje en sus intereses o una brusca toma de control de cualquier cosa que estuviese aparentemente fuera de su control: Beijing espera de todas las compañías que operan en el país una sumisión total y absoluta, en lo que equivale a una evidente inseguridad jurídica para los inversores. Basta una vaga explicación para que algo que había funcionado tradicionalmente de una manera pase a hacerlo de otra. La inversión en compañías chinas se ha convertido, como bien dice el ex-CEO de Cisco, John Chambers, en algo completamente impredecible, y cada vez más desaconsejable, porque no es una cuestión de control de riesgo, sino de imposibilidad absoluta de estimar cuál será el próximo movimiento de una administración omnipotente.

Lo único que las compañías afectadas pueden hacer es, al recibir una sanción o un cambio legislativo, es publicar una nota de prensa afirmando su lealtad absoluta al Partido, y manifestarse dispuestas a cumplir con sus deberes con la sociedad. No hay otra posibilidad: simplemente, no se puede luchar, contestar ni argumentar ninguna decisión del Partido. China juega con sus propias reglas, y las pone o las quita cuando le viene en gana, sin ningún tipo de miramientos. Si decides invertir en China, que sea a tu propio riesgo.


Enrique Dans

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