Este domingo las calles de más de 50 ciudades en más de 30 provincias españolas se llenaron de vehículos que bajo el lema “Por el derecho a elegir la educación que queremos”, se han manifestado a favor de la educación concertada y contra la LOMLOE, la reforma educativa conocida como ley Celaá.
Los manifestantes se han movilizado con vehículos en Madrid, Andalucía, Zaragoza, Oviedo, Gijón, Santander, Castilla-La Mancha, Galicia, La Rioja, Navarra y Murcia con excepción de Cataluña, País Vasco, Canarias y Comunidad Valenciana.
En todas ellas hubo representación de la derecha política. PP, Ciudadanos y Vox abanderaron las protestas contra la ley Celaá aprobada el pasado jueves por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, una norma que los conservadores y la extrema derecha recurrirán ante el Tribunal Constitucional.
Según critican, la nueva legislación educativa “socava la libertad de las familias”, acaba “con la libertad educativa”, es perjudicial “para los intereses de las familias españolas”, “acaba con la cultura del esfuerzo”, cercena el derecho de los menores de “poder ser educados en español” y elimina los centros de educación especial.
Bulos contra la “ley Celaá”
Según la enmienda, “las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable”.
Por tanto, no se cierran como ya negó el Ministerio de Educación y sigue repitiendo Celaá. “Los centros de educación especial van a seguir existiendo siempre. Serán puntos de referencia y apoyo para el resto del sistema, además de seguir escolarizando alumnos”, señaló la ministra este domingo.
Tal y como recoge infoLibre, “la ley dice que hay dotar a los centros ordinarios con más recursos para atender a niños y niñas con necesidades específicas y que se mantendrán los centros de educación especial por si no pueden ser atendidos de manera adecuada”,
Además el medio recuerda como Vox en 2016 prometió acabar con este tipo de escuelas, tal y como se puede ver en el punto 118 del texto de su programa electoral y ahora carga contra los centros de educación especial.
Este lunes, los ultras eliminaron de su página web el programa electoral de 2016.
En relación a que la ley Celaá acaba con la cultura de esfuerzo al permitir al alumnado pasar de curso con asignaturas suspensas, infoLibre señala que lo que dice la ley en su artículo 28 es lo siguiente: “Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro, dentro de la etapa, serán adoptadas de forma colegiada por el equipo docente atendiendo a la consecución de los objetivos, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumno o alumna. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando hayan alcanzado los objetivos de las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo. Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción de un alumno o alumna cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas le permita seguir con éxito el curso siguiente, se considere que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica”.
Es decir, no cambia nada, ya antes de la aprobación de la Lomloe eran los equipos docentes los que decidían si un alumno podía o debía pasar al siguiente curso. En la ley Celaá “se apuesta por un modelo educativo que no deje a ningún alumno atrás. Que independientemente de sus condiciones de partida pueda llegar al máximo nivel de formación posible frente a una continua carrera de obstáculos, que era lo que propiciaba la Lomce con las reválidas”.
Otro de los argumentos para oponerse a la Lomloe es el que asegura que la nueva ley educativa acaba con la libertad y la autonomía de los centros, que tiene que ver con la prohibición de que las escuelas segreguen por género.
En la ley eso aparece plasmado de la siguiente manera: “Con el fin de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad efectiva de mujeres y hombres, los centros que desarrollen el principio de coeducación en todas las etapas educativas y no separen al alumnado por su género o su orientación sexual serán objeto de atención preferente y prioritaria en la aplicación de las previsiones recogidas en la presente ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los convenios internacionales suscritos por España”.
Por lo tanto, no prohíbe que se segregue, sino que se acuerda que las escuelas que no lo hagan tendrán un trato preferente.
Además, la plataforma Más Plurales afirma que la ley Celaá apuesta por un modelo “laico”, algo que han desmentido los sindicatos y la realidad. La Lomloe establece quela Religión tendrá nota, pero no contará para el expediente académico y por tanto tampoco para becas.
