Este domingo las calles de más de 50 ciudades en más de 30 provincias españolas se llenaron de vehículos que bajo el lema «Por el derecho a elegir la educación que queremos», se han manifestado a favor de la educación concertada y contra la LOMLOE, la reforma educativa conocida como ley Celaá.

Los manifestantes se han movilizado con vehículos en Madrid, Andalucía, Zaragoza, Oviedo, Gijón, Santander, Castilla-La Mancha, Galicia, La Rioja, Navarra y Murcia con excepción de Cataluña, País Vasco, Canarias y Comunidad Valenciana.

En todas ellas hubo representación de la derecha política. PP, Ciudadanos y Vox abanderaron las protestas contra la ley Celaá aprobada el pasado jueves por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, una norma que los conservadores y la extrema derecha recurrirán ante el Tribunal Constitucional.

Según critican, la nueva legislación educativa «socava la libertad de las familias», acaba «con la libertad educativa», es perjudicial «para los intereses de las familias españolas», «acaba con la cultura del esfuerzo», cercena el derecho de los menores de «poder ser educados en español» y elimina los centros de educación especial.

Bulos contra la «ley Celaá»

infoLibre ha analizado todos los argumentos que se plantean contra la ley y ha explicado qué tienen de verdad y qué de mentira.
En relación al castellano como lengua vehicular, PSOE, Unidas Podemos y ERC presentaron el pasado 3 de noviembre una enmienda conjunta a la también denominada Lomloe que contemplaba la eliminación del castellano como lengua vehicular. La formación independentista catalana, pretendía introducir la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan determinar cuál es la lengua vehicular de su territorio en el ámbito educativo, por lo que la educación en castellano quedaría garantizada.

Según la enmienda, «las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable».

En el siguiente punto, infoLibre analiza el slogan utilizado en las protestas: «Por el derecho a elegir la educación que queremos». La libertad de elección no está en ningún artículo de la Constitución ni es infinito, según explica el medio, puesto que el número de plazas de las escuelas es limitado. Sin embargo, aun así, las familias como hasta ahora podrán mostrar sus preferencias, por lo que es falso que la ley Celaá acabe con esa libertad.
Varios constitucionalistas ya explicaron en infoLibre que «los padres pueden elegir (un centro educativo), a lo que no está obligado el Estado es a financiar una plaza en el centro que ellos elijan».
Díez Gutiérrez ha criticado que «en modo alguno se contempla en nuestra Constitución, ni en el derecho comparado, la posibilidad de que las familias deban recibir una ayuda pública por elegir entre dos redes, pública y privada, ni que ésta última deba ser financiada con fondos públicos. Lo que quieren es confundir el derecho a crear centros privados con el de las familias a recibir una ayuda pública para elegirlos».
Se pretende, además, acabar con las cuotas que consiguen que la concertada sea una educación segregadora de facto al alejar a las familias con menos recursos económicos de sus puertas.
Cinco bulos contra la 'ley Celaá' con los que la extrema derecha carga contra el Gobierno
Cinco bulos contra la ‘ley Celaá’ con los que la extrema derecha carga contra el Gobierno
Otras de las frases repetidas por la derecha es que los centros de educción especial van a cerrar. La disposición adicional cuarta de la ley Celaá, indica que: «Las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna […]. El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, […] los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios».

Por tanto, no se cierran como ya negó el Ministerio de Educación y sigue repitiendo Celaá. «Los centros de educación especial van a seguir existiendo siempre. Serán puntos de referencia y apoyo para el resto del sistema, además de seguir escolarizando alumnos», señaló la ministra este domingo.

Tal y como recoge infoLibre, «la ley dice que hay dotar a los centros ordinarios con más recursos para atender a niños y niñas con necesidades específicas y que se mantendrán los centros de educación especial por si no pueden ser atendidos de manera adecuada»,

Además el medio recuerda como Vox en 2016 prometió acabar con este tipo de escuelas, tal y como se puede ver en el punto 118 del texto de su programa electoral y ahora carga contra los centros de educación especial.

Este lunes, los ultras eliminaron de su página web el programa electoral de 2016.

 

En relación a que la ley Celaá acaba con la cultura de esfuerzo al permitir al alumnado pasar de curso con asignaturas suspensas, infoLibre señala que lo que dice la ley en su artículo 28 es lo siguiente: «Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro, dentro de la etapa, serán adoptadas de forma colegiada por el equipo docente atendiendo a la consecución de los objetivos, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumno o alumna. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando hayan alcanzado los objetivos de las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo. Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción de un alumno o alumna cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas le permita seguir con éxito el curso siguiente, se considere que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica».

Es decir, no cambia nada, ya antes de la aprobación de la Lomloe eran los equipos docentes los que decidían si un alumno podía o debía pasar al siguiente curso. En la ley Celaá «se apuesta por un modelo educativo que no deje a ningún alumno atrás. Que independientemente de sus condiciones de partida pueda llegar al máximo nivel de formación posible frente a una continua carrera de obstáculos, que era lo que propiciaba la Lomce con las reválidas».

Otro de los argumentos para oponerse a la Lomloe es el que asegura que la nueva ley educativa acaba con la libertad y la autonomía de los centros, que tiene que ver con la prohibición de que las escuelas segreguen por género.

En la ley eso aparece plasmado de la siguiente manera: «Con el fin de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad efectiva de mujeres y hombres, los centros que desarrollen el principio de coeducación en todas las etapas educativas y no separen al alumnado por su género o su orientación sexual serán objeto de atención preferente y prioritaria en la aplicación de las previsiones recogidas en la presente ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los convenios internacionales suscritos por España».

Por lo tanto, no prohíbe que se segregue, sino que se acuerda que las escuelas que no lo hagan tendrán un trato preferente.

Además, la plataforma Más Plurales afirma que la ley Celaá apuesta por un modelo «laico», algo que han desmentido los sindicatos y la realidad. La Lomloe establece quela Religión tendrá nota, pero no contará para el expediente académico y por tanto tampoco para becas.

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