La fundación creada por la asociación ultra Hazte Oír, CitizenGo, contrató en 2020 a una Comunidad de Bienes, The Community of the Ring C.B., para la “prestación de servicios profesionales de asesoría de marketing digital y fundraising online”, es decir, para la recaudación de fondos en línea.
El Ministerio de Cultura, que fue quien autorizó el contrato, ha confirmado a infoLibre que Ignacio Arsuaga, presidente de CitizenGo, también lo es de “The Community of the Ring C.B.”. Una C.B. es una asociación de personas físicas creada para administrar un proyecto empresarial o un patrimonio común y carece de la condición de entidad jurídica, por lo tanto, sus datos sobre composición, ingresos y pagos no se incluyen entre los de acceso público a través del Registro Mercantil.
La firma del contrato fue autorizada por el Ministerio de Cultura el 7 de enero de 2020, sin embargo, no se sabe si el acuerdo de prestación de servicios continúa vigente ni por qué importe se cerró. Tampoco se sabe cuántos miembros forman esa Comunidad de Bienes y quiénes son, ya que CitizenGo se niega a portar datos.
Pero este permiso solicitado por Citizengo y otorgado por Cultura en 2020 para que se hicieran cargo del contrato Ignacio Arsuaga y los otros miembros de The Community of Ring C.B no era el primero. El 19 de octubre de 2015, el Ministerio de Cultura dio luz verde a la fundación creada por Hazte Oír para contratar con Grass Communications SL., que tenía como administrador y único socio también a Ignacio Arsuaga. El contrato tuvo un año de duración y la sociedad quedó extinguida en mayo de 2017.
InfoLibre preguntó en marzo de ese año a una portavoz de Hazte Oír, matriz de Citizengo, si alguno de los miembros del equipo directivo estaba contratado y si la organización mantenía algún tipo de relación comercial con Grass Communications SL, pero no obtuvo respuesta.
Ignacio Arsuaga disolvió la sociedad a los dos meses y para entonces, los ingresos de la asociación Hazte Oír ya habían aumentado un 69% desde que en el año 2013 recibiese la declaración de utilidad pública, cuando Jorge Fernández Díaz era ministro del Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy.
En diciembre, el Registro de Fundaciones confirmó que no se habían depositado las cuentas anuales las de las seis últimas anualidades de CitizenGo. Ahora, Cultura especifica que las de 2016 se encuentran “pendientes de subsanación por la Fundación”; las de 2017 las presentó el 15 de diciembre, dos días después de la información de infoLibre sobre el largo periodo de opacidad contable; las de 2018, 2019 y 2020 están en manos del Protectorado desde el 9 de febrero de 2022 y, que una vez “examinadas y comprobada su adecuación formal a la normativa vigente”, se procederá “a depositarlas en el Registro de Fundaciones”.
En diciembre y de nuevo este lunes, infoLibre volvió a preguntar a la portavoz de Citizengo sobre la contabilidad del grupo que dirige Ignacio Arsuaga, pero continúa guardando silencio.
Cuestiones sin respuesta
Por lo tanto, según el citado medio permanecen en el aire las respuestas a cuestiones como las siguientes: ¿Cómo y quién fiscaliza o fiscalizó la ejecución de los contratos suscritos primero con la empresa y luego con la Comunidad de Bienes (C.B.) de Ignacio Arsuaga? ¿A qué importe asciende cada uno de esos contratos? ¿Sigue vigente el autorizado el 7 de enero de 2020?
Antes de conocer la existencia de un segundo contrato, infoLibre preguntó en diciembre por este asunto a la Asociación Española de Fundaciones. Su directora jurídica, Isabel Peñalosa, respondió que en el caso de las fundaciones el cargo de patrono es gratuito. “Esto quiere decir que en ningún caso pueden recibir retribuciones por el mero hecho de ser patronos. Pero los patronos pueden prestar servicios a la fundación por funciones distintas a las del mero hecho de ser patrono, es decir, tiene que tratarse de una prestación de servicio laboral o mercantil que no sea simplemente la de ser miembro del patronato, pero necesitan la autorización previa del Protectorado”, añadió.
El mismo periódico consultó al jurista especializado en fundaciones Ramón Pérez Lucena si es usual que una fundación contrate la prestación de servicios con su presidente. “Si se hace de forma esporádica nadie te va a decir nada, eso es totalmente normal cuando las fundaciones son pequeñas y si no hay subvenciones. Absolutamente posible”, dijo este lunes en una conversación telefónica.
Y añadió: “En el caso de las grandes entidades depende de cada fundación. Es legal. Queda un poco feo pero solo se puede oponer el Protectorado cuando haces daño a tu propia fundación, aunque el Protectorado solo diría que no si fijas un pago periódico muy alto y vas fuera de lo que es el mercado”.
