Cornado Mina Non denuncia la utilización que el colectivo orquestado por la minera está haciendo de la crisis social generada por el desempleo y de los propios parados, a los que inscribe a la hora de entregar el curriculum para simular un apoyo ciudadano que no es tal.
En este sentido, para la entidad, la práctica está demostrando que el único objetivo de la autodenominada «Asociación Plataforma de Trabajadores Mineros Touro-O Pino» es el de intentar crear división social y fragmentar a la sociedad. frente a un proyecto «mayoritariamente rechazado por la ciudadanía».
Desde la plataforma vecinal advierten que Cobre San Rafael, como empresa promotora, utiliza esta asociación instrumental con el fin de presionar a la Xunta para reactivar el proyecto, ya calificado como «inviable e insostenible» por los técnicos de la Administración gallega.
Por otra parte, recuerdan la retahila de expedientes sancionadores e incumplimientos administrativos que acumulan tanto Atalaya Mining en su proyecto andaluz de Riotinto como Explotaciones Gallegas en los terrenos de la antigua mina de Touro.
Cornado Mina Non considera del todo «inaceptable» la utilización que la pseudoplataforma de la minera está haciendo del drama del desempleo a través de un «malabarismo» ideológico en absoluto convincente, pues esta utiliza argumentos recurrentes como el de la «revolución verde» utilizando de manera parcial e interesada todo aquello que conviene al interés empresarial de la promotora.
En este sentido, califican de «demencial» no sólo que empleados de la empresa hayan colgado en verano y a plena luz del día y con vehículos de la mercantil carteles que el Ayuntamiento de Touro ha obligado a retirar por ilegales, sino que «en el colmo de soberbia», Cobre San Rafael haya literalmente «empapelado» los ventanales de sus oficinas con la cartelería de un colectivo que sólo representa los intereses de las empresas que intentan reabrir el yacimiento y sus accionistas e inversores, pero en absoluto al sentir popular de la comarca ni de Galicia, pues el proyecto cuenta con el rechazo unánime de 45 ayuntamientos gallegos, las diputaciones provinciales de A Coruña y Pontevedra y decenas de organizaciones sociales de toda índole, tal como esta semana se recordaba con acierto desde el ámbito de la lucha contra la mina de Touro.
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