Un derrumbe a gran escala de una ladera en la corta de la mina de oro de Belmonte de Miranda pone en cuestión el viaje organizado en junio a la zona por simpatizantes de Cobre San Rafael, que defendieron públicamente el proyecto como “un ejemplo de restauración medioambiental”.
El siniestro, ocurrido en la madrugada del jueves, es el último de una larga lista de irregularidades que han llevado a Orovalle -denominada anteriormente Kinbauri España S.L.- a estar en el punto de mira de la Fiscalía de Medio Ambiente asturiana, que en el mes de marzo pidió una multa para la empresa de 20 millones de euros y el cierre por cinco años de su actividad por la contaminación provocada en el río Cauxa por “un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente”.
En cualquier caso, el proyecto minero de El Valle-Boinás ya fue sancionado en 2014 por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por el vertido de elementos peligrosos como selenio, arsénico, fluoruros, cianuros, mercurio, zinc, níquel y cobre al mismo curso fluvial en niveles no contemplados bajo ninguna circunstancia por la autorización ambiental integrada (AAI).
Ese mismo año, la CHC volvió a sancionar a la minera con 242.920 euros por nuevos vertidos peligrosos para el medio ambiente y la salud humana en la cuenca del Narcea. Las denuncias contra la compañía llegaron incluso al Parlamento Europeo, organismo que en 2010 aprobó una resolución instando a las naciones a prohibir el uso de cianuro como reactivo en operaciones mineras.
Un año más tarde, en 2015, el Ministerio Público formuló una denuncia ante el juzgado de guardia de la localidad de Grado por la contaminación y los vertidos no autorizados desde tres puntos de las instalaciones de la mina de El Valle-Boinás, por presunto delito contra el medio ambiente contemplado en el artículo 325 del Código Penal, dirigida contra Orovalle “y las personas físicas concretas que, formando parte de sus órganos de dirección y/o control, permitieron por acción u omisión las conductas contaminantes”.
LA MINA DE EL VALLE-BOINÁS COMO MODELO DE “MINERÍA SOSTENIBLE”
Pese a su tormentoso pasado, la mina de oro de Belmonte de Miranda fue presentada como ejemplo de “sostenibilidad minera” por parte de la Asociación de Mineros Touro-O Pino, una supuesta plataforma vecinal creada al amparo de Cobre San Rafael y sus empresas matriz, Atalaya Mining y Cobre San Rafael.
Según su propia web, la visita guiada tenía el objetivo de mostrarle en Belmonte a los acólitos de la minera el resultado de una explotación minera comprometida “con la sostenibilidad y el medio ambiente”, pudiéndose observar “como el paisaje verde típico de esta zona queda intacto” y actualmente se dedica a la ganadería.
DENUNCIA ANTE EL SEPRONA POR LA UTILIZACIÓN DE SUELOS CON ARSÉNICO COMO PASTIZAL
El sorprendente periplo de la entidad prominera, sin embargo, resulta más llamativo si cabe al conocer que en 2018, el Fondo para la Protección de los Animales Salvajes presentó una denuncia ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) por los altos niveles de arsénico que mostraban las zonas presuntamente restauradas de la antigua mina de Belmonte utilizadas como pastizal -aproximadamente unas 250 hectáreas-, con niveles de 78 miligramos por kilo cuando el valor de referencia autorizado legalmente es de tan sólo 40.
Ante la gravedad de la situación para la salud de los animales, así como la humana y la ambiental , la entidad solicitó una evaluación urgente de esta situación al Grupo de Toxicología de Fauna Silvestre del IREC, instituto vinculado al Conserjo Superior de Investigaciones Científicas del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Al respecto, los especialistas reconocieron que la exposición del ganado a la contaminación derivada de la minería metálica suponen un riesgo tanto para la salud de los animales, que sufren sus efectos tóxicos, como para la humana por el impacto potencial derivado de la bioacumulación en la carne y vísceras de los rumiantes tras su consumo.
