Entidades vecinales de la comarca de Arzúa denuncian la “minería de trileros” de la mercantil y alertan del gravísimo impacto que la actividad de la multinacional Atalaya Mining está teniendo sobre las vecinas y vecinos del barrio del Alto de la Mesa, en Minas de Riotinto (Huelva), que llevan meses clamando que la empresa asuma su responsabilidad por las grietas aparecidas en sus viviendas, la contaminación atmosférica que provoca el polvo en suspensión de la tareas extractiva y la presencia de plagas de roedores y cucarachas en la zona tras la ampliación de su área de influencia.
En un comunicado enviado a los medios de comunicación desde la “Plataforma No al hundimiento del Alto de la Mesa”, que agrupa a más de 500 vecinos que reclaman una respuesta inmediata por parte de Atalaya Mining y que esta asuma sus compromisos de responsabilidad social y afronte los perjuicios que su actividad provoca, manifiesta su exigencia de que la empresa “responda civilmente por los daños sufridos en las viviendas, la insufrible polución y las plagas que azotan la barriada”, así como la construcción de un nuevo barrio alejado y protegido del entorno minero por el perjuicio evidente que está suponiendo para centenares de familias de la comarca. La empresa, por el momento, rechaza hacerse cargo de los daños.
Entidades contrarias a la mina de Touro, en Galicia, manifiestan su solidaridad con las vecinas y vecinos afectados en el Alto de la Mesa y muestran su inquietud ante la reapertura de la explotación propuesta por la filial local de la minera, Cobre San Rafael S.L.
Desde Arzúa Sostible, colectivo que recientemente se ha incorporado a las decenas de entidades que a nivel autonómico se oponen al proyecto, se recuerda que aunque Explotaciones Gallegas, Atalaya Mining y Cobre San Rafael “se esfuercen en comprar la voluntad popular” el proyecto de la mina de Touro “tuvo, tiene y tendrá una completa falta de licencia social” y que además la situación generada por la pandemia de la Covid-19 “no puede ser excusa para pretender imponer una explotación que comportar un serio impacto negativo sobre la salud pública y la conservación ambiental de la comarca de Arzúa”.
En este sentido, esta y otras entidades consideran “una mera compra a golpe de talonario” la propaganda de Cobre San Rafael de su supuesto programa “TERRAS da xente”, que pretende garantizar el apoyo de entidades locales de la comarca a su pretendida explotación mediante 25.000 euros, lo que a su juicio califican de “calderilla” en comparación con los multimillonarios beneficios de Atalaya Mining en su proyecto andaluz de Riotinto.
Para los grupos “llama la atención” que mientras Cobre San Rafael vende a nivel gallego su propuesta como “un hito de Responsabilidad Social Corporativa (RSC” y de “transparencia, ética y responsabilidad real y social”, las dos empresas matrices que integran la mercantil, Atalaya Mining y Explotaciones Gallegas acumulan “tanto quejas vecinales como expedientes sancionadores” por las “muchas irregularidades cometidas tanto en Andalucía como en Galicia”.
Desde las entidades recuerdan que quizás el mejor ejemplo de cómo la empresa no asume sus compromisos pasa por el sistema de balsas mineras de Riotinto, que está considerado como el más peligroso de Europa y “una política de empresa que acumula expedientes sancionadores, escándalos internos, altos niveles de sinestralidad laboral y numerosos incumplimientos en materia ambiental” que han derivado incluso en actuaciones de oficio por parte de la Fiscalía.
Por su parte, Explotaciones Gallegas, actual propietaria de los terrenos de la mina de Touro, ha recibido en los últimos años más de 80.000 euros en multas por sus vertidos e irregularidades cometidas en relación con el dominio público hidráulico.
Para los colectivos como Cornado Mina Non y Mina Touro o Pino Non esta es la realidad, y no otra, de las empresas que venden como “ambientalmente sostenible” el proyecto de reapertura de la mina de Touro, un proyecto que sin embargo puede comportar graves riesgos sobre la salud pública y el medio ambiente.
