Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, lleva dos décadas trabajando intensamente para rescatar del olvido a las miles de personas asesinadas y arrojadas a una cuneta durante la guerra civil y la posterior dictadura y de cara al 2021 le gustaría ver una serie de cambios que se pueden resumir en uno: que el Estado se implique de manera directa en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación que tantas veces llevan reclamando sin éxito, tal y como recoge infoLibre.

Silva lamenta que después del verano el Gobierno de Pedro Sánchez les dijo en tres meses se estaría debatiendo en las Cortes la reforma de la Ley de Memoria Democrática, pero todavía no se ha producido ningún movimiento. “Nos gustaría que saliera una ley que atienda de verdad a las familias”, afirma.

En una conversación telefónica con el citado medio, afirma que es necesario que la nueva norma vaya “mucho más lejos” para poder acabar así con la “impunidad” de los crímenes franquistas, ya que no están dispuestos a pelear trece años más por un texto mejor.

Los movimientos memorialistas creen que es necesario la creación de un organismo a nivel estatal que se encargue de atender a todas las víctimas. Según la última actualización del Mapa de Fosas del Ministerio de Justicia menciona 2.246 enterramientos, aunque los colectivos memorialistas defienden que la cifra podría ascender a tres millares.

El Gobierno ha reservado en los Presupuestos Generales del Estado para este año 11,3 millones de euros, de los cuales el 60% se destinarán a los trabajos de exhumación. Silva señala que debe ser el Estado quien asuma esos trabajos y no deje todo el peso sobre las asociaciones.

El Estado ha pedido perdón a las víctimas en países como Alemania u Holanda

A las víctimas les gustaría que durante este año el Estado haga una declaración condenando la dictadura y se les pida perdón, algo que ya se ha hecho en países como Alemania u Holanda.

Silva pide también para 2021 un “compromiso” estatal para que se haga justicia en todo lo relacionado con la represión franquista y lamenta que “cuando nosotros denunciamos la existencia de una fosa, en más de un 90% de los casos nos responde nuestro eco. Es decir, prácticamente nunca se lleva a cabo un procedimiento por parte del juzgado”.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a los jueces a ir a “recoger información” cuando se les reporta la existencia de restos óseos que guarden vinculación con una muerte violenta, por lo tanto, los jueces estarían incumpliendo con su deber.

Colectivos memorialistas: “Ya es hora de que el Estado pida perdón”
Colectivos memorialistas: “Ya es hora de que el Estado pida perdón”

Los colectivos memorialistas señalan también que no saben cuántos archivos y fondos documentales puede estar escondiendo el Estado respecto a la represión, y eso va en contra del derecho a la verdad de las víctimas.

En relación a los archivos, las asociaciones marcan además como un objetivo para el nuevo año la recuperación del fondo documental que está en poder de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF): casi 27.500 documentos, la gran mayoría de carácter público, donados por Carmen Polo a la entidad, tal y como recoge infoLibre.

Otro deseo de la ARMH para el nuevo año pasa por que el caudillo deje de estar enterrado en el panteón del cementerio de Mingorrubio, que pertenece al Estado, mientras, el Valle de los Caídos sigue siendo un lugar de exaltación para Primo de Rivera y un lugar del castigo los familiares de todas las víctimas cuyos restos fueron trasladados sin permiso al mausoleo que construyó en su momento el verdugo.

En la nueva ley de memoria histórica, se remarca que “se atenderán las reclamaciones y peticiones de exhumación de los familiares que solicitaron o soliciten la entrega de las víctimas inhumadas”. Sin embargo, ya existe desde 2016 una sentencia judicial sobre este tema y, a día de hoy, se sigue esperando el cumplimiento de dicho fallo.

Como último deseo, los colectivos memorialistas añaden la necesidad de que se haga una auditoría del patrimonio de la familia Franco de una vez por todas, después de saberse que en el Pazo de Meirás había “mobiliarios y enseres de carácter decorativo de índole marcadamente institucional”, algunos de ellos con origen “en las Colecciones Reales Españolas y cuya titularidad corresponde” al Estado.

Además, los colectivos memorialistas han exigido al Ayuntamiento de A Coruña que inicie el procedimiento judicial para recuperar también la Casa Cornide y para pedir que se ponga “vigilancia” en el inmueble a fin de evitar “el expolio de un bien público”.

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