Los colectivos que conforman la ‘Iniciativa por una Ley que Garantice el Derecho a la Vivienda‘ han anunciado este miércoles en rueda de prensa ante el Congreso de los Diputados la intención de registrar este verano “una auténtica Ley del Derecho a la Vivienda”.

Desde la plataforma denuncian que “para el Gobierno, garantizar el Derecho a la Vivienda ha dejado de ser prioritario” y se reafirman en la necesidad de “coger nuevamente las riendas” por una auténtica Ley del Derecho a la Vivienda.

Las ocho medidas mínimas que según los colectivos debe incluir esta propuesta son las siguientes:

  1. La  ley debe garantizar el derecho a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada como derecho subjetivo, garantizando que esta protección sea efectiva y evitando que ninguna persona sufra situación de sinhogarismo.
  2. Stop  desahucios de personas vulnerables sin alternativa de vivienda digna y adecuada, así como la obligación de alquiler social estable para los grandes tenedores; y en el resto de casos, realojo digno y adecuado a cargo de los poderes públicos.
  3. Asegurar y ampliar el parque público de alquiler social, como mínimo al 20% del conjunto de viviendas en veinte años, haciendo frente a la emergencia habitacional de forma prioritaria. 
  4. Regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la población en cada zona del territorio. Modificación de la ley de arrendamientos urbanos para dar protección y estabilidad a inquilinos e inquilinas del conjunto del país.
  5. Garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones para evitar la brecha digital, como parte de una vivienda digna.
  6. Garantizar una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias y desarrollar medidas contra el sobreendeudamiento y los abusos financieros e inmobiliarios.
  7. Ampliación presupuestaria para vivienda social y políticas sociales de vivienda hasta llegar al promedio europeo de parque público, destinando, como mínimo, el 2% del presupuesto estatal. Asignación de una parte suficiente de los fondos europeos de recuperación a este objetivo.
  8. Participación activa de la población en toda la política de vivienda y urbanismo.

Nos lo cuentan Lucía Delgado de la PAH y Carme Arcarazo del Sindicat de Llogateres i Llogaters de Catalunya.

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