Jacqueline Hicks

El almacenamiento de datos global se encuentra en punto muerto. Como broche a la cumbre del G20 celebrada en junio en Japón, algunos países en vías de desarrollo se negaron a firmar la declaración internacional sobre los flujos de datos, denominada Huella de Osaka. Uno de los motivos por los que países como India, Indonesia y Sudáfrica boicotearon la declaración fue que no pudieron hacer valer sus intereses en el citado documento.

La declaración, que lleva la firma de otros 50 signatarios, ha quedado en una promesa para reanudar las negociaciones en el futuro, pero el planteamiento de estos países representa la lucha de parte de las naciones por reivindicar su soberanía sobre los datos generados por sus propios ciudadanos.

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No hace mucho, en el oscuro año 2016, se decía que los datos eran el nuevo petróleo. Aunque la metáfora no tuvo demasiado recorrido, resulta de utilidad para entender la economía digital global en la actualidad. A medida que las negociaciones por los flujos de datos se intensifican, la comparación con el petróleo ayuda a explicar los procesos económicos que envuelven a la llamada “localización de datos”, es decir, el empeño por que la información del ciudadano no salga de su propio país.

De la misma manera que las naciones productoras de petróleo apostaron por las refinerías para revalorizar el crudo, los gobiernos pretenden que las grandes compañías tecnológicas construyan los centros de procesamiento de datos en sus territorios. La nube, que concede a la industria tecnológica mundial el poder del que goza, está localizada en gigantescos centros de datos en el norte de Europa y en las costas de EE. UU. Sin embargo, las empresas tecnológicas norteamericanas están posando su mirada sobre los mercados en expansión del sur global, ya que el acceso a internet de la población joven de estos países es cada vez más habitual.

Acusaciones de “imperalismo digital”

Podemos tomar como ejemplo el caso de Facebook. Aunque India es el país que tiene el mayor número de usuarios en la red social, si observamos la localización de los 15 centros de procesamiento de datos de Facebook veremos que 10 se encuentran en Norteamérica, cuatro en Europa y solo uno en Asia, más concretamente en Singapur.

Países con más usuarios de Facebook en 2019. We Are Social, DataReportal, Hootsuite, Facebook via Statista

Esta incoherencia entre las nuevas fuentes de datos y la localización de los centros ha provocado que países como India hablen de “colonización de la información” y “colonialismo digital”.

Los países que pertenecen al sur global argumentan desde un punto de vista económico que la ubicación de los centros de datos en sus territorios supondría un impulso para la industrialización digital, ya que generaría ventajas competitivas para las compañías locales en la nube y desarrollaría vínculos con otros ámbitos del sector de las tecnologías de la información.

Son varios los países que han probado diferentes regulaciones en lo que al almacenamiento local de datos se refiere. Australia, por ejemplo, solo abarca los datos relacionados con la salud. Corea del Sur, por su parte, requiere la autorización de la persona relacionada con la información para poder transmitirla más allá de sus fronteras. Francia continúa con su proyecto de infraestructura de datos, apodado le cloud souverain (la nube soberana), a pesar del cierre de algunos de los negocios sobre los que se asentó la idea en un principio. Las leyes más exhaustivas las encontramos en China y Rusia, donde la localización comprende múltiples sectores que recogen todo tipo de información personal.

Los países que más se podrían beneficiar de una regulación justa son India e Indonesia, ya que son los que menos inversión en infraestructura reciben por parte de los gigantes tecnológicos en relación al número de usuarios y a la creciente presencia online de su población.

Los economistas no lo ponen fácil

Los defensores de la localización de los datos esgrimen la dependencia de los países en vías de desarrollo de la infraestructura digital extranjera y el desigual reparto de los beneficios económicos generados. Los partidarios sueñan con utilizar la localización de datos para forzar a las compañías tecnológicas a convertirse en entidades permanentes en sus territorios para aumentar progresivamente la tasa impositiva sobre ellas.

Los detractores, por su parte, apuntan al elevado coste que los servidores supondrían no solo para las grandes compañías, sino también para las empresas emergentes que los gobiernos dicen querer impulsar. Además, argumentan que las regulaciones sobre la localización interfieren con la innovación a nivel global, que su aplicación es complicada y que ignoran los requisitos técnicos de los centros de procesamiento de datos: proximidad a lo que denominan la “columna vertebral de internet”, es decir, las redes de fibra óptica; un suministro eléctrico estable y sistemas de refrigeración de aire y agua para evitar el sobrecalentamiento de los servidores.

¿Hasta qué punto merece la pena hacer un esfuerzo por los datos? Robsonphoto/Shutterstock

Las tentativas de medir el impacto económico de la localización son extremadamente parciales. El estudio más citado en 2014 empleó una metodología opaca y fue desarrollado por el Centro Europeo de Economía Política Internacional, un laboratorio de ideas de libre comercio con sede en Bruselas, parte de cuyos fondos proceden de negocios multinacionales desconocidos. No resulta sorprendente, pues, que encontrase pérdidas importantes en países que consideraban ofrecer sus territorios a las grandes empresas.

Con todo, un estudio de 2018 encargado por Facebook reveló que, al establecer sus centros de procesamiento de datos en EE. UU., las tecnológicas han creado decenas de miles de empleos, han propiciado la inversión en energías renovables y han supuesto una inyección de 5.800 millones de dólares para el PIB del país norteamericano en solo seis años.

Al igual que ocurre con los argumentos a favor y en contra del libre comercio, adoptar una postura dogmática a favor o en contra de la localización oculta otras complejidades sobre la materia.

Los costes y beneficios económicos dependen, entre otros factores, del tipo de datos que se almacenan, si son un duplicado o la única copia existente y del nivel de apoyo por parte del gobierno a la hora de conceder ayudas para la creación y el mantenimiento de infraestructuras.

India se ha mostrado como una de las principales defensoras de la localización, sobre la que ha llegado a presentar su propia regulación, que considera “un modelo para el desarrollo”. No obstante, India se encuentra en una posición desahogada gracias a que tiene una relativamente avanzada industrialización digital y dispone de mano de obra técnica.

Indonesia, otra de las economías emergentes cuya población goza de amplio acceso a internet, ha vacilado respecto a su legislación sobre localización, ya que el gobierno de EE. UU. ha amenazado al del país asiático con la retirada de los acuerdos preferenciales sobre otros bienes y servicios si seguía adelante con las regulaciones restrictivas.

¿Qué hacen los gobiernos con nuestros datos?

Aunque las implicaciones económicas de los datos personales a escala internacional puedan asemejarse a la producción petrolífera en algunas dinámicas, la información se diferencia del crudo principalmente en que tiene una doble vertiente: no solo provee de valor monetario a los negocios, sino que también confiere a los gobiernos la oportunidad de desarrollar sistemas de vigilancia.

Algunos de los activistas por los derechos sociales con los que me he reunido como parte de mi investigación en India e Indonesia me trasladaron su escepticismo hacia las narrativas de sus propios gobiernos acerca del colonialismo de datos. Sin embargo, se mostraban preocupados por el cada vez más frecuente acceso a información personal sensible que realizan los gobiernos gracias a la localización.

Soberanía personal

Las grandes corporaciones y los estados no son los únicos actores en la puja por la “soberanía de los datos”. Los desarrolladores de tecnologías podrían estar a las puertas de encontrar la manera de defender el derecho de cada individuo a controlar su propia información personal con plataformas como databox, un espacio que permite que cada usuario tenga algo parecido a su propio servidor personal.

Este tipo de tecnologías aún se encuentran en fase de desarrollo, pero están surgiendo cada vez más proyectos (la mayoría de ellos en Europa) que no solo conceden a la gente un mayor control sobre sus datos, sino que también persiguen la utilidad social en lugar del beneficio económico. Quizá este tipo de experimentos logre hacerse un hueco junto a los movimientos que los estados y las grandes compañías están llevando a cabo.


The Conversation

Jacqueline Hicks

Marie-Curie Skłodowska Fellow, University of Nottingham

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