El juicio por escuchas ilegales y peculado contra el expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014), en el que la Fiscalía pide hasta 21 años de cárcel, comenzó este martes con el debate sobre la validez de una incapacidad médica presentada a última hora por la defensa del político.

Martinelli, de 67 años, llegó temprano escoltado por un fuerte dispositivo de seguridad a los juzgados ordinarios, a donde fue introducido por una puerta trasera lejos de los periodistas, que solo pudieron captar algunas imágenes.

“Se inicia audiencia de juicio oral contra expresidente de la República, acusado por delitos de inviolabilidad del secreto, derecho a la intimidad y la administración pública, en la sala 1 del #SPA de Plaza Ágora”, dijo el Órgano Judicial en su cuenta de Twitter.

La audiencia de juicio comenzó con la presentación por parte de la defensa de una solicitud de reprogramación de esta diligencia, amparada en una incapacidad médica psiquiátrica de tres semanas emitida por un medico particular, pudo constatar Acan-Efe.

El fiscal Ricaurte González pidió a los jueces “una verificación” de ese examen por parte del Instituto de Medicina Legal por las “suspicacias” que levanta que se presente ese tipo de incapacidad “cuando nunca” se ha hablado de esa supuesta dolencia del exmandatario.

González además pidió al tribunal que la audiencia de juicio se retome el miércoles a partir de las 14.00 hora local (19.00 GMT).

El tribunal, compuesto por los jueces Roberto Tejeira, Arlene Caballero y Raúl Vergara, decretaron un receso para deliberar sobre las peticiones de la defensa y la fiscalía.

El abogado defensor Carlos Carrillo se quejó que el Ministerio Público “no respetó la privacidad” del recurso presentado porque se refiere al estado de salud mental de Martinelli, que según el informe del psiquiatra padece de “depresión” y tiene “riesgos de suicidio”.

Según informó Telemetro Reporta, el médico que firmó la incapacidad, Frank Guelfi, “fue despedido hace ocho años del Hospital Santo Tomás (estatal)

Martinelli, acusado de interceptaciones ilegal de telecomunicaciones a unos 150 políticos, periodistas, sindicalistas, dirigentes de la sociedad civil, entre otros, se expone a una pena de 21 años de cárcel.

El juicio se desarrolla en una sala de tribunales ordinarios en la que el acceso a la prensa ha sido restringido por cuestiones de espacio, y no está siendo televisado, como sí lo fue toda fase intermedia del proceso, para proteger la privacidad de los afectados de acuerdo con la información disponible.

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