El diputado Marcelo Freitas, instructor de una comisión que analiza una reforma del régimen de jubilaciones impulsada por el Gobierno brasileño, defendió este martes el sistema propuesto frente a las duras críticas de la minoritaria oposición.

Freitas, del Partido Social Liberal (PSL), que fue la plataforma electoral del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, presentó ante la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara baja un informe en el que defendió la propuesta y negó que, como sostiene la oposición, viole o elimine derechos constitucionales de los trabajadores.

El proyecto, presentado por el Gobierno como una enmienda a la Constitución, plantea endurecer gradualmente el acceso al actual régimen de reparto, en el que el Estado gestiona las contribuciones de los trabajadores y las distribuye entre los jubilados.

En un plazo de unos diez años, la propuesta de Bolsonaro avanza hacia una sustitución total de ese sistema para adoptar un polémico régimen de capitalización individual privado, similar al chileno, en el que la jubilación dependerá de lo que cada trabajador pueda ahorrar a lo largo de su vida.

Según el Gobierno, la reforma propiciará al Estado un ahorro de unos 265.000 millones de dólares en una década, con lo cual acabaría el crónico déficit fiscal que se registra desde hace años y serían liberados recursos para la inversión en áreas esenciales, como salud y educación.

La oposición, en franca minoría en el Parlamento, se valió de numerosas maniobras reglamentarias para retrasar la lectura del informe de Freitas que, según la diputada socialista Erika Kokay, «defiende la reforma de la muerte» del sistema público de pensiones.

La insistencia en postergar la lectura causó fuertes discusiones, que subieron de tono cuando el laborista Eduardo Bismarck denunció que el diputado Waldir Soares, jefe del grupo del oficialista PSL, estaba armado en la sala de la comisión.

Soares, que es comisario de la Policía, negó esa acusación después de un tumulto que obligó a paralizar la sesión y luego mostró a los periodistas que, efectivamente, tenía bajo su saco la funda de un revólver, aunque estaba vacía.

Una vez que el instructor Freitas concluyó la lectura de su informe, todos los partidos representados en la comisión solicitaron un plazo de dos sesiones para analizar el parecer, con lo que la votación sobre el asunto sería realizada la semana próxima.

En caso de que de la constitucionalidad de la propuesta del Gobierno no sea contestada, el próximo paso del proyecto será en una comisión que será formada especialmente para el caso y que puede demorar dos meses hasta pronunciarse y remitir el proyecto al pleno de la Cámara de Diputados.

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