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La COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de una cooperación internacional y un multilateralismo eficaz que guíen la hoja de ruta de cada país para tomar medidas contra la expansión del virus. De lo contrario estaremos ante un panorama –el actual– marcado por la desigualdad entre países.

Según el sociólogo alemán Ulrich Beck, fallecido en 2015, la globalización define una situación paradójica. Por un lado, la mayor conectividad e interdependencia reduce las capacidades de acción de unos Estados nación aún anclados en la concepción tradicional de la soberanía. Por otro lado, emerge un amplio espacio transnacional sin instituciones y marcos regulatorios adecuados, y sin los necesarios mecanismos de gestión de las externalidades propias de ese proceso.

Características de la sociedad del riesgo

La tesis de la sociedad del riesgo global de Beck se centra en esa contradicción: el proceso genera nuevos riesgos no asegurables que superan la capacidad estatal para afrontarlos. Sin embargo, se renuncia a establecer mecanismos de gobernanza global que puedan hacer frente a la incertidumbre inherente a estos riesgos, minimizar su impacto y mitigar el daño.

La sociedad del riesgo global de Beck supone asumir una irresponsabilidad organizada: se cuenta con el conocimiento científico que informa sobre el riesgo y la incertidumbre, pero se renuncia a la gestión o aseguramiento colectivo frente a esos riesgos con los recursos, políticas e instituciones necesarias. Todo ello a sabiendas de que sus consecuencias serían catastróficas.

Para el sociólogo, los riesgos globales implicarían una suerte de cosmopolitismo forzoso o realpolitik cosmopolita. Asume que las visiones clásicas de la política y de la seguridad nacional no son aptas para la gestión de riesgos globales. Serían necesarias normas e instituciones multilaterales, más allá del Estado nación, que los sitúen en un marco de acción colectiva eficaz.

La COVID-19, síntoma de un riesgo global

A partir de esta conceptualización de Beck, en el trabajo COVID-19: Riesgo, pandemia y crisis de gobernanza global, publicado en el Anuario CEIPAZ 2019-20, analizo la crisis iniciada con la COVID-19 como una manifestación de un riesgo global.

El alcance sistémico de la situación parece responder más a la falta de preparación de los gobiernos, las sociedades y la respuesta multilateral que al patógeno mismo. Incluso admitiendo que se trata de un virus singular, dañino y difícil de diagnosticar.

Aún es pronto para hacer balance de las consecuencias de la pandemia a largo plazo. Pero una de las lecciones más evidentes es que la resiliencia societal –es decir, la capacidad de prevenir, enfrentar y sobreponerse al riesgo– depende, en gran medida, de la cooperación internacional y un multilateralismo eficaz.

Necesitamos organizaciones regionales y globales efectivas, representativas y más robustas. Y una acción, a nivel nacional, más coordinada y coherente con lo acordado en esos marcos compartidos.

Menos liderazgo económico, más desigualdad

En el plano económico y social, nos encontramos ante una crisis sin precedentes: no podemos salir de su doble efecto en la oferta y la demanda (de duración incierta) reencendiendo la economía. Exige aumentar el gasto sanitario y preservar los empleos y el tejido productivo con medidas a gran escala y concertadas globalmente. Al mismo tiempo, las medidas deben contribuir a una transición hacia un patrón de desarrollo más sostenible y equitativo.

Una de las características de la sociedad del riesgo global es la desigual distribución de los riesgos generados por vínculos transnacionales entre países, territorios y grupos sociales. La COVID-19 ha encontrado un mundo en el que la gobernanza económica global se ha debilitado a causa de disputas geopolíticas, del nacionalismo rampante y de la ausencia de liderazgo.

La debilidad de la respuesta colectiva, en un sistema internacional muy asimétrico, deja en una situación más vulnerable a los países en desarrollo. A diferencia de la crisis de 2008, ahora el G20 no ha jugado un papel relevante y las respuestas se plantean en marcos nacionales.

Estados Unidos puede recurrir al privilegio de Bretton Woods y financiarse en su propia moneda a través del Sistema de la Reserva Federal.

En la Unión Europea, el Banco Central Europeo puede intervenir masivamente y existe el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Además, tras el importante acuerdo del Consejo Europeo de julio de 2020, se ha establecido un amplio paquete financiero y se avanza hacia la mutualización de deuda.

Para los países en desarrollo no existe nada similar, salvo el recurso al Fondo Monetario Internacional (que supone un injusto estigma financiero) y, de manera más limitada, los fondos de los bancos multilaterales de desarrollo.

La COVID-19 golpea a los países en desarrollo

En muchos países en desarrollo, la COVID-19 representa una tormenta perfecta: puede provocar un desplome económico y una crisis social sin precedentes, tal vez la peor en un siglo. La pandemia se abate sobre países con escasa resiliencia y agudiza sus graves desigualdades sociales.

Muchos países en desarrollo ya acumulaban déficits fiscales y por cuenta corriente. Su menor crecimiento, las guerras comerciales y la caída de las exportaciones de materias primas los situaban en un escenario económico internacional adverso. Años de políticas de expansión monetaria en los países avanzados favorecieron el fácil acceso al crédito y, con ello, el aumento de la deuda pública y privada, hoy un factor importante de vulnerabilidad.

Son pocos los países en desarrollo que pueden lanzar grandes programas de estímulo fiscal. El margen de los bancos centrales y la política monetaria también es reducido, después de varios años de rebajas de los tipos de interés. La masiva fuga de capitales de los países emergentes desde el inicio de la pandemia ha presionado a la baja los tipos de cambio.

Las agencias de riesgo han alentado ese proceso al bajar la calificación de muchos países en plena crisis.

Existe el riesgo, en suma, de que estos países se vean afectados por nuevas crisis de deuda. Estas pueden llevar a la aplicación de políticas de austeridad y al consiguiente aumento de la pobreza y la desigualdad, y al agravamiento de las fracturas sociales y políticas.

Esta situación complica la formulación de un nuevo contrato social, y puede alentar el ascenso de fuerzas iliberales y de ultraderecha. En ese escenario, algunos actores externos pueden hacer un uso torticero de la ayuda bilateral o la financiación de contingencia como herramientas al servicio de la política de poder.

Pactos verdes contra la invasión de hábitats

Esta crisis también nace, en gran medida, de carencias y debilidades de un modelo de desarrollo con serias fallas en cuanto a inclusión social, oportunidad y respeto a los límites ambientales de la biosfera. La COVID-19 es una zoonosis que se inscribe en un patrón de largo plazo y de tendencia creciente de nuevas enfermedades que saltan de los animales al ser humano. Son el resultado de la presión creciente sobre sus hábitats.

En el marco de ese gran compromiso multilateral que es la Agenda 2030 de desarrollo sostenible, esta crisis debe verse como oportunidad para promover nuevos pactos verdes. Estos permiten asegurar una transición justa hacia nuevos patrones de producción y consumo y un desarrollo global más inclusivo y sostenible.

Como indicaba Ulrich Beck, ante los riesgos globales, no se puede actuar con una mirada parroquial y el nacionalismo epidemiológico que ha brotado en esta pandemia. La gobernanza global y la acción colectiva son la verdadera realpolitik, como imperativo de supervivencia, tanto en el plano sanitario como en el de la prosperidad compartida.


Una versión de este artículo fue publicada originalmente en la web de la Unidad de Información Científica y Divulgación de la UCM.


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José Antonio Sanahuja es director de la Fundación Carolina, una entidad de la cooperación española en el ámbito de la educación superior, y asesor especial (ad honorem) del Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad.

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